Mientras los oligarcas ganan billones, el Congreso les ofrece una miseria a los desempleados

23 diciembre 2020

El hecho más importante de la legislación de sécate de $900 mil millones siendo discutida en el Congreso de EE.UU. el lunes por la noche es que es totalmente inadecuada para atender las enormes necesidades sociales expuestas por la pandemia. Una vez más, el sistema bipartidista controlado por la patronal ha revelado su indiferencia al sufrimiento masivo.

A los millones de trabajadores que perdieron sus empleos por la pandemia de coronavirus en la primavera les quitaron sus beneficios federales suplementarios por desempleo de $600 por semana el 31 de julio, bajo las provisiones de la Ley CARES adoptadas de manera casi unánime por los demócratas y los republicanos en el Congreso. Este recorte fue llevado a cabo para respaldar el impulso de las grandes corporaciones de regreso al trabajo, exigiendo que los trabajadores regresaran al trabajo para hacer ganancias para los capitalistas, sin importar el peligro del COVID-19 para su salud y vidas.

Una cola en un evento de distribución de comida de Food Rescue US, 30 de noviembre de 2020 en el restaurante Rosie’s del hotel Copper Door, barrio Overtown de Miami [Crédito: AP Photo/Wilfredo Lee]

Si bien los trabajadores se vieron obligados a volver a las fábricas y otros lugares de trabajo, hay 10 millones de empleos menos que a inicios del año. Ahora, después de casi cinco meses sin beneficios, consumiendo sus ahorros, sumiéndolos a la pobreza y poniendo a muchos en riesgo de quedarse sin techo, los desempleados a largo plazo recibirán $300 por semana, lo que se limitará a 11 semanas, expirando a mediados de marzo. Esta suma miserable apenas mantendrá comida sobre la mesa, ni hablar de pagar los recibos que se han acumulado desde el verano.

Además de esto, se enviará un cheque único de $600 por persona a la mayoría de los trabajadores y sus hijos—la mitad de los $1,200 enviados por el Departamento del Tesoro en la primavera y menos de la renta promedio en la mayoría de las ciudades estadounidenses. La suma total de estos cheques o $166 mil millones es menos de los $190 mil millones que han ganado los directores ejecutivos de Amazon y Tesla, Jeff Bezos y Elon Musk, desde marzo.

Ambos milmillonarios han incrementado más su riqueza de que el Gobierno estadounidense considera apropiado para todos los trabajadores en el país juntos, en medio de la mayor crisis económica desde la Gran Depresión. ¡Qué muestra de que EE.UU. es una dictadura de, por y para los milmillonarios! A esta realidad de clase se le debe añadir el hecho de que Bezos y Musk se han enriquecido de una catástrofe social, la pandemia, que ha matado a 320.000 estadounidenses y 1,7 millones de personas en todo el mundo.

Los demócratas y los republicanos acordaron a un límite de $900 mil millones para su proyecto de ley de “rescate”. Esta cifra es menos del $1 billón acumulado por los milmillonarios en EE.UU. desde marzo. Asimismo, es menos que el casi $1 billón que el Gobierno federal está gastando en el ejército y las armas nucleares, incluyendo un presupuesto récord de $741 mil millones solo para el Pentágono, aprobado en el Congreso por enormes márgenes en ambos partidos.

Cabe comparar las colosales sumas disponibles para los superricos y los militares con la cicatería en el trato a los trabajadores desempleados. Dos programas de beneficios por desempleo relacionados con la pandemia, que iban a expirar el lunes, serán extendidos por apenas 11 semanas. La moratoria sobre los desahucios, establecida como una medida de salud pública por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) será extendida por un mes. Los miserables $25 mil millones asignados a aliviar a los inquilinos y propietarios que se enfrentan a desahucios son otra gota en el vaso.

Los demócratas y los republicanos en el Congreso no han buscado salvar ni las vidas ni los medios de vida de los trabajadores en EE.UU., sino resguardar las vastas fortunas de la aristocracia financiera. El proyecto de ley de rescate por coronavirus busca posponer más o menos por un mes, el colapso económico que desencadenará un levantamiento social masivo y amenazará el sistema capitalista en su conjunto.

Es notable que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijera cuando mencionara, cuando introdujo el proyecto de ley, la fecha de expiración de la asistencia por desempleo relacionada a la pandemia, el 26 de diciembre, tildando esto de “vital”. Los políticos de ambos partidos capitalistas estaban preocupados de que tal recorte para 12 millones de personas el día después de navidad desataría un enojo generalizado en la clase obrera.

Los republicanos se opusieron a cualquier ayuda financiera para los Gobiernos estatales o locales que se han visto devastados por el derrumbe económico que acompañó la pandemia y que ya ha eliminado 1,3 millones de empleos públicos. Atrapados entre los requisitos legales de balancear sus presupuestos y la caída en sus recaudaciones, casi todas las importantes ciudades y la mayoría de los estados proyectan aún más recortes de empleos masivos a menos que haya ayuda federal de emergencia. Los demócratas abandonaron una propuesta de $1 billón para las ciudades y los estados a cambio de una ayuda mínima para las escuelas y los servicios de salud pública.

Por más severas que sean sus diferencias tácticas y a corto plazo —un gran número de congresistas republicanos todavía se rehúsan a reconocer la victoria electoral del presidente electo Joe Biden—, ambos partidos comparten la misma lealtad de clase. Defienden los intereses de la oligarquía financiera, para la cual la pandemia de coronavirus ha sido una oportunidad para lucrar, no una calamidad histórica.

Esto quedó demostrado en un incidente crucial cuando se buscaba redactar una versión final del proyecto de ley el fin de semana. Cuando el senador republicano Pat Toomey propuso una enmienda que prevendría que la Reserva Federal reviva las operaciones de préstamos a empresas y agencias gubernamentales que autorizó la Ley CARES pero que fueron gradualmente reducidas por el Gobierno de Trump, los demócratas se alzaron en rebelión.

No luchan por los desempleados, los pobres ni los que enfrentan desahucios y ejecuciones hipotecarias. Les importarían menos los 320.000 muertos por COVID-19 o los 400.000 mil más que pueden morir antes de que se distribuyan ampliamente las vacunas. Pero cuando se trataba de una amenaza a reducir el flujo de créditos y subsidios para las grandes empresas, todos los senadores demócratas saltaron a las barricadas. La propuesta de Toomey fue descartada y las facultades de la Reserva Federal a dar préstamos permanecen ilesas.

Incluso la propia legislación de “rescate” incluye más dinero para los intereses empresariales que para los trabajadores, comprendiendo $284 mil millones en préstamos para el mal llamado Programa de Protección de Salarios (una caja negra para las corporaciones maquilladas como pequeñas empresas), $20 mil millones en entregas de emergencia para empresas, $15 mil millones para las aerolíneas y $15 mil millones para las cadenas de cines. Incluso hay una disposición que aumenta las deducciones de impuestos para los “almuerzos de tres martinis” de los ejecutivos empresariales.

El New York Times, el vocero en la prensa del Partido Demócrata, aclamó el proyecto de ley bipartidista, intitulando su editorial “Este acuerdo es lo suficientemente bueno”. Los demócratas y sus portavoces retratan la legislación como un parche temporal hasta que la administración de Biden sea inaugurada el 20 de enero de 2021. Pero Biden no tiene ningún plan para aliviar las condiciones sociales de las masas de trabajadores que enfrentan hambre, pobreza, falta de vivienda, enfermedad y muerte en el que será probablemente el peor invierno de que se guarda memoria. Ha rechazado abiertamente cualquier cierre de las empresas no esenciales y de las escuelas, las únicas medidas que pueden prevenir una marea de muertes antes de que la población estadounidense tenga acceso ampliamente a la vacuna.

Los trabajadores no pueden guardar esperanzas en ninguna parte de la élite corporativa, incluyendo el Partido Demócrata y la Administración de Biden. La única fuerza que defenderá los intereses de los trabajadores es la clase obrera en sí, organizada como un movimiento político independiente, luchando por hacer valer el cierre de los lugares de trabajo no esenciales con protección de ingresos plenos para los trabajadores afectados y las pequeñas empresas, hasta que la pandemia esté bajo control, y preparar una huelga política general a nivel nacional con base en un programa socialista revolucionario.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de diciembre de 2020)

Patrick Martin

 

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