La CPI se niega a procesar los crímenes de guerra británicos en Irak pese a pruebas “razonables”

por Jean Shaoul
19 diciembre 2020

La Corte Penal Internacional (CPI) ha abandonado su investigación sobre crímenes de guerra cometidos por tropas británicas en Irak entre 2003 y 2008.

La decisión sirve para que las principales potencias ignoren el derecho penal y humanitario internacional cuando persiguen sus intereses imperialistas en todo el mundo.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció las decisiones incluso cuando admitió que existía una “base razonable para creer” que las fuerzas armadas británicas pudieron haber llevado a cabo atrocidades, incluyendo el homicidio intencional de detenidos bajo custodia en Irak entre 2003 y 2008.

Fatou Bensouda (crédito: Max Koot Studio - Trabajo propio)

Admitió que este no era simplemente un caso de algunas “manzanas podridas”, sino que se derivan de problemas institucionales, y dijo: “[Mi oficina] descubrió además que varios niveles de problemas en la supervisión civil institucional y el mando militar contribuyeron a la comisión de crímenes contra detenidos por soldados británicos en Irak”.

La vergonzosa decisión de la CPI se basa en el argumento de que solo puede proceder con una investigación y un enjuiciamiento formales si considera que los tribunales nacionales y los órganos de investigación no han cumplido con sus funciones legales adecuadas.

Bensouda declaró que Reino Unido había creado el Equipo de Acusaciones Históricas de Irak (IHAT) en 2010 en respuesta a los “problemas admitidos del ejército británico en ese momento para realizar investigaciones efectivas”. IHAT investigó 3.405 crímenes de guerra presuntamente cometidos por tropas británicas durante la ocupación de Irak entre 2003 y 2009. Pero a pesar de las pruebas de abusos y maltratos generalizados, incluyendo el asesinato de civiles y niños desarmados, señaló que no se habían presentado cargos contra ningún soldado, “un resultado que ha privado de justicia a las víctimas”.

Rechazando la noción de que estas denuncias eran irritantes, como lo ha dado a entender el Gobierno, Bensouda afirmó que la falta de enjuiciamientos significaba que las investigaciones no habían logrado encontrar pruebas suficientes para justificar la adopción de medidas o proporcionar un camino realista hacia un juicio criminal. Sus comentarios insinúan claramente que las autoridades no encontraron la evidencia porque no quisieron. Sin embargo, llegó a la conclusión de que no existían ninguna evidencia de que las autoridades británicas bloquearan las investigaciones o no estuvieran dispuestos a continuarlas.

Con ese juego, Reino Unido salió del apuro. Mientras haya habido una investigación interna, la CPI no procesará, sean cuales fueran las pruebas.

Sin embargo, la declaración de Bensouda confirma que IHAT fue un esfuerzo fraudulento por parte del Gobierno para afirmar que se estaban investigando pruebas de crímenes de guerra para combatir la creciente oposición a la guerra, mientras que previno con éxito cualquier enjuiciamiento de la CPI.

Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, fue claro sobre la importancia de la decisión. Clive Baldwin, asesor legal de HRW, dijo: “El Gobierno británico ha mostrado repetidamente poco interés en investigar y enjuiciar las atrocidades cometidas en el extranjero a manos de las tropas británicas. La decisión de la fiscala e cerrar su investigación en el Reino Unido sin duda alimentará las percepciones de un feo doble rasero en la justicia: un enfoque para los Estados poderosos y otro muy diferente para aquellos con menos influencia”.

Los tribunales civiles y las investigaciones públicas británicas han encontrado numerosas pruebas de tortura por parte de las fuerzas británicas en Irak, y la mayoría de las acusaciones se centran en la conducta de los interrogadores militares británicos, lo que ha obligado al Gobierno a pagar millones de libras en acuerdos extrajudiciales para evitar los enjuiciamientos penales.

Según admite el propio Gobierno, ha recibido tantas quejas de iraquíes detenidos ilegalmente y maltratados por tropas británicas que el Ministerio de Defensa (MoD) dice que no puede decir cuántos millones de libras ha pagado para resolver los reclamos. El Ministerio de Defensa afirma que puede dar cifras aproximadas de los miles de iraquíes que han presentado quejas contra las fuerzas británicas involucradas en la invasión liderada por Estados Unidos en 2003 y la posterior ocupación de Irak, pero se ha negado a responder a una solicitud de libertad de información del Middle East Eye (MEE) sobre la cantidad gastada en resolver estos reclamos, citando el costo de recopilar la información.

En 2017, en respuesta a una solicitud similar, el Ministerio de Defensa reveló que había pagado £19,8 millones en 326 casos presentados ante los tribunales del Reino Unido y que £2,1 millones habían sido pagados en otros 1.145 casos involucrando a oficiales militares británicos en Irak entre 2003 y 2009. Este pago incluía 2,8 millones de libras esterlinas pagadas a la familia de Baha Mousa, un recepcionista de un hotel de Basora que fue torturado hasta la muerte en septiembre de 2003.

MEE cree que el número de pagos se ha disparado desde 2017, dadas las “cifras aproximadas” del Ministerio de Defensa que muestran alrededor de 1.200 casos en el Reino Unido y otros 3.200 casos en Irak.

Un informe parlamentario sobre la investigación del IHAT, que pedía su cierre, reconoció que se había abusado de prisioneros iraquíes, diciendo que aparentemente esto se debía, al menos en parte, al entrenamiento “inexacto” que habían recibido los interrogadores militares británicos, arriesgando infringir los Convenios de Ginebra. El informe no solo sugería que los abusos tenían un carácter sistémico, sino que el Ministerio de Defensa admitía que el material de capacitación para los interrogatorios “contenían información que podría haber colocado al personal de servicio fuera del derecho nacional o internacional que representa una falla del más alto nivel”.

Esto colocaría la responsabilidad del abuso de los detenidos iraquíes no solo en los interrogadores militares individuales, sino en los escalones más altos dentro del ejército y el Ministerio de Defensa, lo que el Gobierno no estaba dispuesto a tolerar. Demuestra cuánto está en juego para el sistema gobernante a medida que crece el compromiso con el militarismo y el gasto en defensa, junto con los preparativos para utilizar al ejército en casa en el contexto del b rexit y la pandemia.

Días después, el entonces ministro de Defensa, sir Michael Fallon, anunció el cierre de la investigación de IHAT, aparentemente porque uno de los abogados de derechos humanos, Phil Shiner, del ahora desaparecido bufete de abogados Public Interest Lawyers, estuvo a cargo de muchos casos de denuncias de abuso y fue anulado por mala conducta.

Contrasta marcadamente con el trato al periodista y editor de WikiLeaks Julian Assange. El único “crimen” de Assange fue exponer los crímenes de guerra, incluyendo asesinatos, torturas, abusos, operaciones de cambio de régimen y espionaje global cometidos por Estados Unidos y sus aliados, incluyendo Reino Unido. A los ojos de la clase dominante, los verdaderos criminales son los denunciantes, no los perpetradores. Assange se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh de Londres, apodada la bahía de Guantánamo en Reino Unido, en medio de la propagación del COVID-19 por todas las instalaciones, mientras Estados Unidos busca su extradición para someterlo a una cadena perpetua o incluso una ejecución, bajo cargos de la Ley de Espionaje de Estados Unidos.

Precisamente porque la evidencia en algunos casos era tan condenatoria, en 2014 la fiscala de la CPI Fatou Bensouda aceptó una denuncia en la que se alegaba que personal militar del Reino Unido había cometido crímenes de guerra contra iraquíes bajo su custodia entre 2003 y 2008 y ordenó una investigación preliminar.

Esta fue la primera vez que la CPI abrió una investigación sobre un Estado occidental. Anteriormente, la CPI se había centrado casi exclusivamente en los jefes de Estado o funcionarios africanos, mientras que permitía que Estados Unidos —que no es signatario del Estatuto de Roma que estableció la CPI en 2002— y otras potencias importantes salieran impunes.

Las potencias imperialistas que orquestaron estas guerras criminales están decididas a que nunca tengan que rendir cuentas por sus crímenes de guerra. En junio, la Administración de Trump buscó desacreditar a la CPI, anunciando sanciones a los altos funcionarios de la CPI, incluyendo a Bensouda, bloqueando sus activos en Estados Unidos y prohibiéndoles ingresar al país. Esto fue en respuesta a las investigaciones de la CPI sobre los abusos estadounidenses en Afganistán y los crímenes de guerra israelíes contra los palestinos. La CPI se ha doblegado ante la presión.

El Gobierno británico ha introducido una legislación que propone un límite de cinco años para los enjuiciamientos de los soldados que prestan servicios fuera del Reino Unido. El proyecto de ley de operaciones en el extranjero (personal de servicio y veteranos) crea una “presunción contra el enjuiciamiento” que da paso a futuros crímenes de guerra, incluyendo la tortura y el asesinato en masa de civiles.

La legislación servirá además para proteger al Ministerio de Defensa, que en repetidas ocasiones ha encubierto los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas británicas en Irak y Afganistán, poniendo así a los militares por encima de la ley y sancionando los crímenes de guerra de las fuerzas británicas. Significa que el Reino Unido, como los Estados Unidos, ha abandonado cualquier compromiso con el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de diciembre de 2020)

 

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