La represión policial en Colombia sigue durante paro nacional

por Andrea Lobo
25 septiembre 2020

Un paro nacional e importantes marchas tuvieron lugar el lunes en Colombia para protestar los asesinatos policiales recientes, una masacre de manifestantes el 9 de septiembre y la respuesta general del Gobierno a la crisis social profundizada por la pandemia de COVID-19.

Pese a su carácter pacífico, la policía antidisturbios dispersó la manifestación masiva en la capital, Bogotá, confirmando la continua marcha del Gobierno de Iván Duque y toda la clase gobernante colombiana hacia la dictadura.

Manifestantes en la Plaza Bolívar, 21 de septiembre, Bogotá (Crédito: @InstitucionalTV)

Esto sigue a la sangrienta represión del 9 de septiembre contra las protestas masivas en Bogotá que estallaron después de que la policía torturara y matara al trabajador Javier Ordóñez la noche previa. La Policía Nacional utilizó armas de fuego de manera sistemática, matando a 14 personas —ocho jóvenes trabajadores del sector de servicios, dos jóvenes ingenieros, una estudiante universitaria y tres con orígenes inciertos— y dejando a 72 personas heridas por balas.

El lunes, personas en automóviles, bicicletas y a pie formaron caravanas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cali, y se produjeron importantes manifestaciones en ciudades más pequeñas, desde la costera Tumaco hasta Magangué, por la cordillera de los Andes en Villavicencio y hasta Arauca, junto a la frontera con Venezuela. Hubo miles de participantes en las marchas socialmente heterogéneas en Medellín y Bogotá.

Por la tarde, la policía informó de importantes concentraciones en 107 municipios (de un total de 1.103) y dijo repetidamente que “todas eran pacíficas”. En gran medida se seguieron los protocolos de salud para reducir al mínimo las infecciones. No obstante, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de la Alianza Verde, pidió nerviosamente a la población que regresara a sus casas antes de las 7 p.m.

Antes de las 5 p.m., cuando la protesta masiva en la Plaza Bolívar de Bogotá seguía creciendo, López señaló a un incidente aislado y sospechoso de saqueo, en una zona fuertemente patrullada, para ordenar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que dispersara a todos los manifestantes, medios de comunicación y observadores de derechos humanos por igual. El ESMAD intervino violentamente con vehículos blindados, gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento, porras y balas de goma.

Decenas de personas fueron inmediatamente detenidas mientras que otras fueron perseguidas y golpeadas. Se dispararon latas de gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento directamente contra los manifestantes, dejando a algunos con heridas graves. La alcaldesa López luego tuiteó un video de un cordón d antimotines rodeando la vaciada Plaza Bolívar, agregando: “No hay heridos y se ha restablecido la tranquilidad”.

La represión ocurrió al tiempo que un nuevo video de celular comenzó a circular en línea, mostrando a Javier Ordoñez, en agonía y esposado en el piso de una estación de policía, mientras los policías lo miraban entretenidos. El video refuta la versión oficial de la policía que afirma que Ordoñez “se autolesionó” en la estación.

Las manifestaciones del lunes son solo la punta del iceberg. Millones de trabajadores indignados están ansiosos por luchar contra el régimen asesino de Duque y ven la represión policial como una defensa de los intolerables niveles de pobreza, desempleo y desigualdad.

El lunes, los manifestantes pidieron “un fin al abuso policial”, “empleos e ingresos”, “no a las privatizaciones” y “el fin de la entrega de los recursos de nuestro país”.

Con un promedio de siete días de 7.000 casos diarios, Colombia ocupa el quinto lugar en el mundo, con más de 770.435 casos y casi 25.000 muertes. Las muertes se han concentrado en las capas más pobres, que se han visto obligadas a arriesgar contagiarse para ganarse la vida, mientras que se han abandonado los esfuerzos oficiales para contener la pandemia.

El Comité Nacional de Paro, compuesto por las tres principales centrales sindicales, centró sus demandas en “una reestructuración de la Policía Nacional y la renuncia del ministro de Defensa”. También pidió la anulación del decreto 1174 —que según ellos promueve el empleo a tiempo parcial— y la suspensión de un préstamo de 370 millones de dólares a la aerolínea en quiebra Avianca.

La verdadera razón para convocar la huelga fue resumida por el excandidato presidencial Gustavo Petro, quien tuiteó el 10 de septiembre: “He solicitado que las centrales convoquen paro, pero ustedes pueden no hacerlo. Lo hará de todas maneras el pueblo”. En otras palabras, con solo el 4,6 por ciento de los trabajadores afiliados a los sindicatos, estos aparatos sirven simplemente como frentes para que la élite política burguesa intervenga en tiempos de protestas sociales para contenerlas.

Petro, la alcaldesa López y todo el establishment “opositor” a Duque también se han concentrado en pedir dimisiones en el Ministerio de Defensa y en una “reforma” de la Policía Nacional.

Estos sindicatos y partidos, cuyos miembros y dirigentes han sufrido miles de asesinatos por las fuerzas de seguridad colombianas, entienden más que nadie la inutilidad de pedir una reorganización superficial de la policía.

En efecto, sus reivindicaciones ponen de manifiesto su firme defensa del capitalismo colombiano y el imperialismo, cuya crisis existencial se ha profundizado con la pandemia, y tienen por objeto engañar a los trabajadores y a la juventud con ilusiones en reformas democráticas y sociales dentro de la política burguesa, cuando se prepara una mayor represión.

La Administración de Duque y la prensa ya están buscando criminalizar todas las formas de protesta. De manera similar al New York Times en los Estados Unidos, Noticias RCN publicó el 10 de septiembre un informe fabricado por las agencias de inteligencia colombianas que afirmaba que las protestas estaban siendo “coordinadas” por las guerrillas en las redes sociales.

Al día siguiente, Semana se sumó con un video sobre “las causas ocultas de las protestas”, afirmando que se incitaron “protestas violentas a todas luces injustificadas” en las redes sociales, lideradas por “criminales y anarquistas organizados”. El vídeo pide reforzar la policía de Bogotá.

RCN es propiedad de Carlos Ardila Lulle (con una riqueza neta de 1.500 millones de dólares), un socio de Rupert Murdoch. Semana es propiedad del banquero Jaime Gilinski Bacal (valor neto 3.500 millones), quien se convirtió en el principal benefactor de la privatización del Banco de Colombia, recaudando dinero de inversionistas internacionales para comprarlo.

Washington, por su parte, apoyó la masacre de los manifestantes en Colombia. Mientras continuaban derramando lágrimas de cocodrilo por la “democracia” en Venezuela, el Departamento de Estado y el Pentágono no hicieron ninguna declaración para condenar la represión en Colombia y continuaron sin contratiempos las actividades conjuntas con la Policía Nacional de Colombia.

La Embajada de EE.UU. tuiteó el 12 de septiembre: “Colombia cuenta con los EE.UU. en tiempos difíciles. Aliados y amigos”. A esto le siguieron ensayos de guerra conjuntos y una visita del secretario de Estado, Michael Pompeo, a Bogotá, con el objetivo de amenazar al Gobierno venezolano.

El día de la masacre, la Corporación Financiera Internacional de Desarrollo de EE.UU. concedió al banco colombiano Davivienda 250 millones de dólares para sobrellevar la crisis. El banco es propiedad del Grupo Bolívar, uno de los principales patrocinadores financieros de Duque.

Esta actitud no se limita a la Administración de Trump y a los republicanos. Según un cable publicado por Wikileaks, el inspector general del Ejército colombiano dijo al embajador de los Estados Unidos en febrero de 2009 que el “problema de las ejecuciones extrajudiciales es generalizado” y que esto se debía a “la insistencia de algunos comandantes militares en el recuento de cadáveres como medida de éxito... junto con los vínculos de algunos comandantes con delincuentes y narcotraficantes”. La Administración demócrata de Obama en ese momento continuó vertiendo miles de millones en ayuda militar.

Mientras Washington intensifica sus enfrentamientos con sus rivales geopolíticos —principalmente Rusia y China— y se enfrenta a un creciente malestar social en casa, el Estado vasallo de Coalombia constituye un bastión militar y económico para que el imperialismo estadounidense defienda su dominio sobre América Latina. La policía colombiana, específicamente, ha sido erigida por el imperialismo estadounidense como una fuerza cuasimilitar para llevar a cabo operaciones contrainsurgentes contra las guerrillas y la oposición de la clase obrera, mientras que lleva a cabo aún más entrenamientos patrocinados por los Estados Unidos de las fuerzas especiales regionales que el propio ejército colombiano.

La lucha contra los abusos policiales y el autoritarismo constituye una lucha contra toda la oligarquía colombiana, sus patrones imperialistas y sus lacayos en los sindicatos y los partidos políticos. Esto incluye a aquellas fuerzas que, durante todo el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, se presentaron como socialistas e incluso revolucionarios solo para canalizar la oposición detrás de afirmaciones de que una u otra facción de la burguesía nacional era más “democrática”, principalmente el estalinista Partido Comunista de Colombia (PCC) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Este último fue fundado por el revisionista antitrotskista Nahuel Moreno.

Ambos se han unido a la campaña de reorganización policial y dimisiones, con el PST argumentando en defensa de “los policías y soldados buenos, los que se niegan a reprimir a sus hermanos de clase”.

La ONG Temblores ha documentado 664 asesinatos policiales desde 2017, mientras que muchos más han sido asesinados por los militares.

Los 330.000 soldados y 167.000 policías de Colombia —comparado a 321.000 docentes formales— constituyen el núcleo del Estado capitalista, concebido por los marxistas como “cuerpos especiales de hombres armados” comprometidos con aplicar del dominio de clase.

Partiendo de esta concepción, el revolucionario ruso Vladimir Lenin escribió en Estado y revoluci ó n que “se desprende que la 'fuerza coercitiva especial' para la supresión del proletariado por parte de la burguesía, de millones de trabajadores por puñados de ricos” debe ser abolida en revolución y sustituida por un Estado obrero que “tome posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad”.

La única organización política que lucha por este programa, enraizado en una larga historia de lucha contra todas las formas de estalinismo, nacionalismo burgués y la pseudoizquierda a nivel internacional, es el Comité Internacional de la Cuarta Internacional, el Partido Mundial de la Revolución Socialista. El único camino revolucionario es construir una sección del CICI en Colombia y en todos los países.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de septiembre de 2020)

El autor también recomienda:

Estados Unidos y Colombia organizan ejercicios de guerra mientras Pompeo amenaza a Venezuela
[22 septiembre 2020]