Trabajadores médicos en México, ante mayor cifra de muertos del mundo, protestan despidos y falta de equipo de protección

por Andrea Lobo
9 septiembre 2020

Amnistía Internacional reportó la semana pasada que México suma la mayor cantidad de muertes confirmadas por COVID-19 entre trabajadores médicos a nivel mundial. Para el 4 de septiembre, 1.410 trabajadores de la salud habían fallecido por el virus y 104.590 habían salido positivo. Estas cifras son una prueba condenatoria sobre la respuesta criminal a la pandemia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Estados Unidos, Reino Unido y Brasil siguen la lista de fallecimientos por COVID-19 entre el personal médico, con 1.077, 649 y 634 respectivamente.

En México, el sector sanitario representa el 2 por ciento de las muertes por COVID-19 y 17 por ciento de los casos, demostrando una brecha masiva en la cantidad de pruebas realizadas entre los profesionales médicos y la población en general. Sin embargo, el Gobierno afirma que solo le ha realizado la prueba a 283.000 trabajadores médicos o una tercera parte del total a lo largo de la pandemia.

Trabajadores de la Salud protestan contra las muertes de COVID-19 (crédito: Desde las bases IMSS, Facebook)

Los enfermeros, doctores y otro personal hospitalario han realizado numerosas huelgas, bloqueos de calle y protestas desde marzo, exigiendo ante todo equipo de protección personal. La respuesta oficial, como lo demuestran las pasmosas cifras de muertes y contagios, ha sido completamente inadecuada.

Los administradores de hospitales han sido grabados diciéndoles a los trabajadores que simplemente no hay equipo disponible, mientras que el Gobierno federal ha desestimado directamente sus demandas, afirmando que el personal médico público que tomó licencias se infectó a tasas similares. Muchos, sin embargo, siguieron trabajando en el sector privado, donde también se han contagiado de manera significativa.

Durante una rueda de prensa el jueves, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, no tuvo ninguna respuesta para el reporte de Amnistía Internacional, alegando que el Gobierno ha tomado todas las medidas necesarias para proteger a los trabajadores sanitarios y añadiendo evasivamente: “La comparación entre países en esta materia no es viable porque cada uno tiene su propio modelo”.

En medio de una indignación general, el Gobierno ha recurrido en cambio a despedir a los trabajadores que expresen oposición. En uno de los numerosos reportes de despidos, Expansión informó del caso de Cristian Javier Erosa, quien entregaba comida en un hospital de Quintana Roo. Lo despidieron después de que, “solicité que me pasaran por escrito que debía entrar al área COVID, porque no estaban proporcionando el equipo de protección adecuado”.

Los sindicatos no solo se han rehusado a librar ninguna pelea para proteger las vidas de los trabajadores médicos, sino que han asumido un papel crucial en la supresión del descontento.

Un doctor de la Ciudad de México escribió el 5 de septiembre que, “En el Hospital General de México el sindicato promovió que [los trabajadores que tomaron licencias] no regresaran en agosto y no han hecho nada para que se tenga material de protección y tampoco hubo sustitución temporal del personal en resguardo”.

Se han creado varios grupos con miles de trabajadores mexicanos de la salud en las redes sociales para organizarse fuera de la corrupta burocracia sindical. Uno de ellos, la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud (UNTS), encabezó una protesta el 1 de septiembre en la Ciudad de México que involucró a cientos de empleados de hospitales, junto a trabajadores del Metro, la empresa estatal Liconsa, los Bomberos y el Correo.

En la manifestación, Rafael Soto Cruz, un enfermero y vocero de UNTS, expuso que fue despedido por exigir equipo de protección, bajo el pretextó de que había “usurpado las funciones del sindicato”. Denunció que los oficiales sindicales han estado “identificando a los disidentes gremiales y comienzan por acosarlos, sancionarlos y despedirlos”, según lo citó Infobae .

La UNTS publicó una declaración el 5 de septiembre denunciando: “Esos sindicatos que debieron levantar la voz para defender a los trabajadores, hicieron el abominable trabajo de esconder a los muertos, acallar las voces que denunciaban, nadie más culpable que esos parásitos del primer lugar en muertes que tenemos a nivel mundial”.

Al tiempo que se les niega el equipo de protección adecuado, los trabajadores médicos se enfrentan al desbordamiento de los hospitales por la propagación de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud advirtió específicamente a México el 10 de julio que su reapertura “puede llevar a una aceleración en los contagios, así como a un posible colapso de los sistemas de salud”. Las muertes por COVID-19 se han duplicado desde entonces a más de 68.000.

No obstante, el Gobierno de López Obrador continuó la homicida reapertura de fábricas en sectores importantes pero no esenciales como el automotriz, de autopartes y electrónicos, doblegándose a la presión de la Administración de Trump y las transnacionales norteamericanas. El otro factor que exacerbó la pandemia es la negativa de la clase gobernante a ofrecer ninguna ayuda a los despedidos y aquellos cuyos ingresos dependen del sector informal.

Esto ha obligado a la mayoría de la fuerza laboral empobrecida de México, que depende de ventas y servicios informales, a arriesgarse a un contagio para ganarse el sustento. En la Ciudad de México, los tres municipios con el mayor número de contagios están entre aquellos con más personas que viven en pobreza. Fuera de la Ciudad de México, los siguientes cinco estados con más casos de COVID-19 tienen tasas de informalidad más altas que el promedio nacional, desde 54 por ciento en Guanajuato a 71 por ciento en Puebla.

Mientras tanto, Forbes México reportó el mes pasado que el país tiene a 33 oligarcas con fortunas mayores a $500 millones. El año pasado, había 3.790 personas en México con patrimonios de más de $30 millones, entre un total de 8.040 en América Latina y el Caribe, según el reporte Wealth X.

Aún más riqueza, cuya totalidad es generada por la clase obrera, ha terminado en las arcas de los oligarcas financieros en Estados Unidos y Europa por medio de la explotación imperialista de la mano de obra barata y recursos naturales del país.

Los expertos han dejado en claro que contener la pandemia requiere cerrar los sectores no esenciales, dar ingresos a los suspendidos o despedidos, tener suficiente personal y equipo de protección para los trabajadores médicos y de otros sectores verdaderamente esenciales y expandir las pruebas y el rastreo de contactos.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno de López Obrador no ha sido impulsada por un interés en proteger a la población, sino por los imperativos capitalistas de reanudar el flujo de ganancias para las corporaciones y no tocar la riqueza de los superricos.

Ha recortado los presupuestos ministeriales 75 por ciento durante la pandemia, afectando incluso la salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que preside la mayoría de hospitales y clínicas, ha visto sus gastos caer 22 por ciento durante los primeros seis meses de este año comparado al 2019.

Esto ha involucrado despidos de doctores durante la pandemia. El 31 de agosto, 50 médicos de hospitales rurales en Chiapas fueron informados que habían sido despedidos por el Gobierno estatal, controlado por el partido Morena de López Obrador.

Cualquier “recargo a la riqueza” en América Latina, escribió recientemente el Financial Times, resultaría en “una fuga de capitales” por parte de los inversores extranjeros. Viridiana Rios del Wilson Center le indicó al periódico que, en México, “la discusión ha sido silenciada por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador. … Las élites políticas llegaron al poder bajo los auspicios de las élites económicas y, como resultado, no han podido cobrarles suficientes impuestos”.

En su conferencia mañanera el miércoles pasado, López Obrador volvió a rechazar cualquier aumento en los impuestos a los ricos para responder a la crisis.

Como en todos los otros países, la respuesta del Gobierno a la pandemia ha subrayado la incompatibilidad entre el capitalismo y las necesidades sociales de la clase obrera, incluida una atención médica de calidad y libre de costo.

La indiferencia del Gobierno de Morena hacia la cifra masiva de muertes por COVID-19 entre trabajadores médicos y otros demuestra que la única respuesta progresista a la pandemia es el derrocamiento del capitalismo y la toma de poder por la clase obrera para reorganizar la sociedad sobre bases socialistas en México e internacionalmente.

(Publicado originalmente en inglés el 8 de septiembre de 2020)