En acto de piratería en altamar, EE.UU. captura petróleo iraní con destino a Venezuela

por Bill Van Auken
20 agosto 2020

La incautación estadounidense de los envíos de petróleo de Irán a Venezuela representa una peligrosa escalada de las sanciones de “máxima presión” que Washington ha impuesto contra ambos países, aumentando el peligro de un conflicto armado.

El Departamento de Justicia emitió un comunicado el viernes en el que se jactó de haber llevado a cabo la “incautación más grande de cargamentos de combustible enviados por Irán”. Dijo que “aproximadamente 1.116 millones de barriles de petróleo” habían sido robados “con la ayuda de socios extranjeros”.

No ha habido indicios de cuáles “socios extranjeros” estuvieron involucrados en este acto de piratería, pero los funcionarios estadounidenses afirman que la incautación no involucró la fuerza militar. Más bien, parece que se utilizó alguna combinación de amenazas y sobornos para convencer a los propietarios griegos de los cuatro petroleros que transportaban el combustible —identificados como Bella, Bering, Pandi y Luna, todos ellos con banderas liberianas— que lo abandonaran.

Según el Wall Street Journal, las amenazas incluían sanciones contra los propietarios y tripulantes de los barcos que les impedirían acceder a puertos estadounidenses, bancos estadounidenses y dólares estadounidenses.

El barco petrolero Bella, de propiedad griega, uno de los cuatro barcos de los que EE.UU. capturó petróleo dirigido a Venezuela

La base pseudolegal para el acto de piratería en altamar de Washington fue una orden de incautación emitida por un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington DC, basada en la acusación del Departamento de Justicia de que el petróleo constituía “activos extranjeros o fuentes de influencia” para los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, un sector importante del ejército iraní que Washington ha calificado como una “Organización Terrorista Extranjera”. Esta designación, impuesta sin ninguna justificación en abril del año pasado, constituyó la primera vez que Washington ha calificado de “terrorista” a una rama del Gobierno de otro país.

Desde que derogó unilateralmente el acuerdo nuclear del JCPOA entre las principales potencias y Teherán en 2018, la Administración de Trump ha impuesto un régimen de sanciones económicas paralizantes contra Irán equivalente a un estado de guerra, mientras acumula fuerzas estadounidenses en la región en preparación para una confrontación militar.

Regocijándose con la operación, el presidente Donald Trump afirmó falsamente en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el viernes pasado: “Confiscamos los petroleros y los trasladaremos ... a Houston”.

En realidad, el petróleo se descargó de los buques de propiedad griega en petroleros contratados por el ejército estadounidense. Dos de estos traslados se realizaron frente a la costa de Omán y dos frente a la costa de Mozambique. Los propios barcos de propiedad griega no fueron incautados.

Al denunciar la acción de Estados Unidos, los funcionarios iraníes han señalado que el petróleo ya se había vendido a Venezuela y no pertenecía a Irán. Además, los barcos en sí no eran propiedad ni tenían bandera de Irán.

Cuando se emitió la orden de incautación en julio, Irán la denunció en las Naciones Unidas como un acto de “piratería”. ️

“Cualquier intento en alta mar para evitar que Irán se involucre en el comercio legal con cualquier país que elija sería un acto de piratería, pura y simplemente”, dijo Alireza Miryousefi, portavoz de la misión iraní ante la ONU, en un comunicado. “Esta es una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales y contraviene el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas”, agregó.

Irán había advertido que cualquier intento de interceptar sus propios barcos se enfrentaría a una rápida represalia. “La República Islámica responderá correspondientemente a cualquier acción hostil que busque limitar sus derechos legales y no ha permitido que ningún país tome tal acción hasta ahora”, advirtió un funcionario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

El abordaje por parte del ejército iraní del petrolero Wilda en el golfo de Omán la semana pasada fue una aparente respuesta a la incautación estadounidense de petróleo. El buque parecía ser propiedad de la misma compañía naviera griega que acordó entregar el petróleo de los cuatro petroleros interceptados por Washington.

El acto de piratería estadounidense sigue al exitoso envío iraní de gasolina y productos derivados del petróleo por valor de $46 millones, incluidos los diluyentes que necesitan las refinerías venezolanas para convertir el crudo del país en gasolina, al país sudamericano en mayo. Los petroleros iraníes llevaron la carga. Washington reaccionó con rabia ante esta violación del régimen de sanciones de “máxima presión” que ha impuesto tanto contra Irán como contra Venezuela.

En ese momento, el presidente iraní, Hasan Rohani, advirtió: “Si nuestros petroleros enfrentan problemas en el mar Caribe o en cualquier parte del mundo por parte de los estadounidenses, enfrentarán problemas recíprocamente”. Los funcionarios iraníes advirtieron que si se le impedía a Irán enviar petróleo, ningún país podría hacerlo, lo que sugiere un posible bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, a través del cual pasa alrededor del 30 por ciento de los productos petroleros transportados por el mar.

La incautación del petróleo con destino a Venezuela mediante amenazas y sobornos está a solo un paso del uso de la fuerza militar estadounidense contra el transporte marítimo iraní, lo que desencadenaría una nueva guerra importante en Oriente Próximo, que a su vez podría provocar una conflagración global.

La crisis mundial que ha desencadenado la pandemia de coronavirus, más intensamente dentro de los propios Estados Unidos, no ha hecho nada para mitigar las agresivas campañas del imperialismo y el militarismo estadounidenses.

Irán, con más de 345.000 casos de coronavirus y más de 20.000 muertes registradas, ha sido el país más afectado de Oriente Próximo. Si bien Venezuela inicialmente parecía haberse prevenido terribles números de víctimas como en Brasil, Perú, Chile y Colombia, ahora registra más de 1.000 nuevos casos al día, mientras que informa menos de 300 muertes. La propagación del virus mortal se ha acelerado con el regreso de los venezolanos que emigraron a otros países latinoamericanos en busca de trabajo mientras la economía venezolana se hundía bajo el impacto de la caída de los precios del petróleo y el régimen de sanciones de Estados Unidos.

Washington ve la crisis y el inmenso sufrimiento humano que conlleva como un arma más de guerra que puede aprovechar en su búsqueda de la hegemonía sobre el golfo Pérsico y América Latina. Incluso cuando millones están infectados y cientos de miles mueren, la amenaza de una guerra global que podría cobrar la vida de miles de millones sigue creciendo.

Las amenazas militares estadounidenses contra Venezuela se han intensificado desde abril, cuando Trump subió al escenario en una supuesta sesión informativa del COVID-19 para anunciar el envío de un grupo naval al Caribe con el supuesto propósito de detener el tráfico de drogas, en particular, desde Venezuela.

Bajo el falso pretexto de la prohibición de narcóticos (el 90 por ciento de la cocaína del mundo proviene de Colombia, cuyo Gobierno de derecha es el aliado regional más cercano de Washington), el Pentágono ha desplegado la fuerza militar más grande en la región desde la invasión estadounidense de Panamá en 1989.

El despliegue militar estadounidense contra Venezuela fue seguido por una invasión fallida a principios de mayo por unidades mercenarias lideradas por extropas de las fuerzas especiales estadounidenses. Un tribunal venezolano condenó la semana pasada a dos ex boinas verdes, Luke Denman y Airan Berry, a 20 años de prisión por su participación en el operativo, que tenía como objetivo apresar y matar al presidente venezolano Nicolás Maduro. El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, ha prometido que Washington utilizará todos los medios para asegurar la liberación de los mercenarios.

La agresión de Estados Unidos contra Venezuela e Irán, que poseen respectivamente la primera y cuarta reservas de petróleo más grandes del mundo, está ligada a la confrontación estratégica entre Estados Unidos y China, que ha forjado lazos con ambos países.

Irán se ha convertido aún más en un foco de agresión militar estadounidense tras la revelación el mes pasado de que Beijing y Teherán habían firmado un acuerdo de “Asociación Estratégica Integral” de 25 años que implicaba 400.000 millones de dólares en inversión china en infraestructura iraní a cambio de exportaciones energéticas garantizadas. El acuerdo también incluye un componente de seguridad importante, que permite a China desplegar a unos 5.000 efectivos de las fuerzas de seguridad para proteger sus proyectos, hacer uso gratuito de las bases iraníes y construir un puerto en el estratégico estrecho de Ormuz.

El imperialismo estadounidense no está dispuesto a renunciar a la aplicación de sus regímenes de sanciones unilaterales contra Venezuela ni Irán. Significativamente, la Administración de Trump ha anunciado que Elliott Abrams, quien fue condenado en relación con el escándalo Irán-Contra en la década de 1980, ahora servirá no solo como su representante especial en Venezuela, donde ha liderado los intentos fallidos de cambio de régimen, sino también como su enviado especial a Irán.

El nombramiento marca un giro hacia una agresión intensificada. Impulsada por los intentos del imperialismo estadounidense de compensar su crisis y declive por medios militares, la amenaza de guerra contra Irán y Venezuela se ve agudizada por la crisis interna de los Estados Unidos y puede verse acelerada por el calendario electoral, haciendo posible una nueva guerra como una “sorpresa de octubre”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de agosto de 2020)