Diecisiete estados y decenas de universidades presentan demandas contra ataque de ICE contra estudiantes internacionales

por Sam Dalton
16 julio 2020

Después del brote de la pandemia de COVID-19 en los EE. UU., el 13 de marzo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) emitió una exención a su requisito de que los estudiantes internacionales en los EE. UU. con visas F-1 deben asistir a clases en persona. Inicialmente, el Gobierno dijo que el acuerdo estaba “vigente durante la duración de la emergencia”. Sin embargo, el 6 de julio, ICE hizo un anuncio abrupto revocando la exención. El cambio de póliza significa que más de 900,000 estudiantes internacionales que asisten a universidades estadounidenses este otoño deberán tomar al menos una clase en persona para permanecer en los EE. UU.

El anuncio se hizo la semana pasada, justo cuando la pandemia alcanzaba un número récord de casos en los EE. UU., más de 375,000 casos de coronavirus en una sola semana, más que el número de casos reportados en febrero, marzo y la primera semana de abril combinados.

La medida es parte de un intento más amplio de obligar a las universidades y escuelas primarias a reabrir por completo para el semestre de otoño. La reversión de la regla de ICE se dio el mismo día que Trump tuiteó: “¡LAS ESCUELAS DEBEN ABRIR EN EL OTOÑO!”. La regla también parece ser una oportunidad para que Trump recurra a su base fascistizante al crear un ambiente hostil contra los inmigrantes.

Se han presentado una serie de demandas contra la póliza. Una presentada conjuntamente por la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) recibió el apoyo de más de 50 testimonios amicus curiae de otras universidades. Se espera una decisión inicial del juez el miércoles 15 de julio. El sistema de la Universidad de California, que tiene inscritos a más de 40,000 estudiantes internacionales, ha presentado otra demanda. El procurador general de California, Xavier Becerra, también presentó una demanda en nombre de la Universidad Estatal de California y el sistema de las Universidades Comunitarias de California.

El 13 de julio, diecisiete estados en su mayoría controlados por demócratas y el Distrito de Columbia se unieron a las universidades para demandar a la Administración de Trump. En respuesta a esta demanda, el Gobierno basó su defensa en preocupaciones de seguridad nacional, declarando: “Un programa de estudio exclusivamente en línea proporciona a un estudiante no inmigrante una enorme flexibilidad para estar presente en cualquier lugar de los Estados Unidos durante un período académico completo, independientemente de que se le informa al Gobierno esa ubicación, lo que plantea importantes preocupaciones de seguridad nacional”. La invocación de “preocupaciones de seguridad nacional” es completamente infundada. Más bien, es parte de los esfuerzos más amplios de la Administración de Trump para avivar el nacionalismo extremo atacando a inmigrantes y refugiados.

La demanda de Harvard y el MIT no ofrece protección a futuros ataques contra estudiantes internacionales. Solo busca una orden de restricción temporal la política del 6 de julio de ICE, una orden que anule la política y una declaración de que la política es ilegal. Las universidades no solicitan en ninguna parte de la demanda garantías futuras para la residencia continua de los estudiantes internacionales. Incluso si el juez aceptara todos los argumentos, el futuro a corto y largo plazo de los estudiantes internacionales en los Estados Unidos sigue siendo peligroso.

Las demandas emprendidas por la coalición de estados controlados principalmente por demócratas y el territorio de la capital son quizás aún más evidentes en su desprecio por los derechos democráticos de los estudiantes internacionales. Al comentar sobre su decisión de respaldar la demanda, el procurador general de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, se burló de la Administración de Trump por usar “a los estudiantes internacionales y la matrícula que pagan como palanca [para volver a las clases en persona]”.

La noción de la demanda liderada por los demócratas de que los derechos de los estudiantes internacionales deben ser defendidos sobre la base de la matrícula que pagan es particularmente desagradable. Hace caso omiso al hecho de que muchos estudiantes internacionales son de clase trabajadora y de clase media baja que asisten a universidades en los Estados Unidos con becas o años de ahorro y sacrificio por parte de sus padres. De hecho, los estudiantes internacionales enfrentan inseguridad alimentaria a una tasa más alta que sus contrapartes estadounidenses.

La dura realidad es que, si el dinero se pudiera obtener en otro lugar o si los contratos estatales están en riesgo, entonces estas universidades no tendrán reparos en expulsar a los estudiantes internacionales.

La demanda de los estados también representa los intereses de una sección de la clase dominante preocupada por el daño que causará la decisión de ICE sobre los intereses de la política exterior del imperialismo estadounidense. Hasta el año pasado, 62 de los jefes de estado del mundo habían pasado una parte de su educación superior en los Estados Unidos.

Tampoco hay duda de que existe una profunda preocupación entre los funcionarios del Partido Demócrata por una reacción masiva de estudiantes y trabajadores contra esta medida que amenaza con salir de los límites de la oposición sancionada por el estado. Miles de estudiantes, estadounidenses e internacionales por igual, ya han firmado docenas de peticiones que entienden que la medida representa un ataque a los derechos democráticos en general.

Tanto la política antiinmigrante de la Administración de Trump como la campaña de regreso al trabajo han sido facilitadas y apoyadas por el Partido Demócrata.

El mes pasado, la Corte Suprema suspendió el hábeas corpus y los derechos de debido proceso para los solicitantes de asilo. La jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, tan defendida por el ala “progresista” del Partido Demócrata, votó a favor del fallo reaccionario. Esta es la conclusión lógica de las políticas de inmigración de la era de Obama, que vio un número récord de deportaciones de migrantes.

Otras medidas tomadas en los últimos dos meses incluyen la realización de objetivos políticos a largo plazo de la derecha de la Administración de Trump, particularmente el exasesor fascistizante Stephen Miller. Estos incluyen los ataques contra las visas de trabajo H-1B y las represalias viciosas contra los estudiantes de posgrado chinos. De hecho, más de 370,000 estudiantes chinos con visas F-1 enfrentan deportaciones después del cambio de política de ICE.

Tras la victoria de Trump en las elecciones de 2016, Estados Unidos se vio sacudido por protestas masivas en varias ciudades importantes contra sus políticas xenófobas y nacionalistas. El papel del Partido Demócrata ha sido suprimir esa ira a través de una resistencia meramente simbólica o, en muchos casos, participando activamente en la represión. Sus acciones le han dado a la Administración de Trump una carta blanca para llevar a cabo ataques generalizados contra los solicitantes de asilo, los trabajadores extranjeros y los estudiantes internacionales por igual.

Las demandas presentadas por los estados controlados principalmente por los demócratas y las administraciones universitarias alineadas con los Estados no se opondrán esta tendencia. Los estudiantes internacionales no deben hacerse ilusiones en estas o en futuras acciones legales. Según todos los sectores de la clase gobernante estadounidense aplican medidas antiinmigrantes a un ritmo cada vez mayor, será en última instancia en la arena de una lucha política de la clase trabajadora armada con una perspectiva socialista que el derecho a una educación equitativa y de alta calidad independientemente de la nacionalidad será asegurado para todos.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de julio de 2020)

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