Perú levanta las restricciones de cuarentena mientras los contagios de coronavirus superan los 300.000

por Cesar Uco
14 julio 2020

El 1 de julio, el presidente peruano Martín Vizcarra inició la tercera fase de una “cuarentena selectiva” para combatir la epidemia de COVID-19. Aunque la cuarentena general ha sido levantada, incluso los domingos, el toque de queda de 10 p.m. a 5 a.m. sigue vigente. Las nuevas medidas se denominan “selectivas” porque la cuarentena sigue vigente en las regiones consideradas de alto riesgo, mientras que en los barrios populares de Lima continúan las restricciones.

Hasta el 6 de julio, el Ministerio de Salud (Minsa) ha confirmado 302.718 infecciones y 10.589 muertes. El número de muertes per cápita es enorme. Representa la mitad de las muertes reportadas por India, que tiene 42 veces la población del Perú. También se informa de que de los 11.302 pacientes de COVID-19 hospitalizados en Perú, 1.227 están en cuidados intensivos con ventiladores mecánicos.

En América del Sur, Perú está a la zaga de Brasil en cuanto al número de muertes, pero ocupa el primer lugar en cuanto a las muertes per cápita. Esta semana Perú saltó al quinto lugar entre los países con mayor número de infecciones por coronavirus.

Familias esperan en fila para una comida gratis en Lima, Perú, el 17 de junio de 2020. (Foto AP/Rodrigo Abd)

Vizcarra está actuando en contra del consejo de muchos expertos en salud, que han condenado el levantamiento de la cuarentena como algo prematuro en condiciones en las que se están reportando aproximadamente 3.000 nuevas infecciones diarias y las muertes siguen aumentando.

Como resultado de la aplicación de la tercera fase de la “cuarentena selectiva”, ahora se permite a la mayoría de las empresas abrir sus puertas y la mayoría de los peruanos pueden circular libremente, con ciertas excepciones en las regiones donde la pandemia está creciendo, como Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash.

Además, a las personas mayores de 65 años no se les permite salir de sus casas en ningún momento. Otra restricción es que los jóvenes, de 14 años o menos, pueden salir por sólo media hora y a sólo 500 metros de sus casas.

El periódico El Comercio informa que los 19 distritos de alto riesgo de la capital, en los que se recomienda que no se permita salir a los jóvenes menores de 14 años, coinciden con los más poblados y pobres de los 43 distritos de Lima, con una población que se estima en más de 6 millones de habitantes. En resumen, el gobierno está haciendo una distinción, dando plena libertad a los intereses capitalistas y una libertad limitada a los barrios de la clase trabajadora.

Más del 50 por ciento de los infectados residen en Lima. Con 10 millones de habitantes, la capital comprende aproximadamente un tercio de la población de Perú y está formada predominantemente por trabajadores, pobres e inmigrantes que han llegado de todas las regiones del país en busca de mejores niveles de vida.

El domingo, el primer día de “cuarentena selectiva”, se registró un número récord de personas que salieron a la calle, la mayoría de ellas ignorando las normas de distanciamiento social. El Correo informa que “los mercados [en particular], los emporios, los centros comerciales y la playa registraron una gran aglomeración de personas, a pesar del contagio y las recomendaciones del Minsa”.

Las medidas que prohíben que un gran número de personas se reúnan en las calles se han aplicado principalmente contra los trabajadores, que son los que más sufren la pandemia, viéndose incapaces de alimentar a sus familias y de pagar el alquiler y los servicios públicos. El gobierno de Vizcarra ejecutó más de 1.000 detenciones en los dos primeros días de la tercera fase, todas ellas en barrios de clase trabajadora. Hasta la fecha, ha habido 52.000 arrestos por violaciones de las normas gubernamentales impuestas para contrarrestar la propagación del coronavirus.

En cuanto al estancamiento económico, el Ministerio de Trabajo estima que se perdieron 1,2 millones de puestos de trabajo entre febrero y mayo. Pero el diario Correo habla de 3,2 millones de personas que perdieron sus trabajos. El banco central peruano ha estimado que la economía se contraerá en un 12,5 por ciento este año.

La implementación de la “cuarentena selectiva” se volvió caótica en Lima, con largas filas de personas esperando los autobuses, ya que una condición para reanudar el transporte público es que nadie debe viajar de pie. En la hora punta, los autobuses suelen estar llenos de más personas de pie que sentadas, empacadas como sardinas.

Una huelga de transporte programada para el jueves fue suspendida a último momento por Ricardo Pareja, representante de la Cámara de Transporte Urbano. Los conductores habían expresado su desacuerdo con las medidas del gobierno. El sindicato de transporte público de Lima y Callao realizó un paro la semana pasada exigiendo una compensación económica.

Con el inicio de la “cuarentena selectiva”, se produjeron escaramuzas con las fuerzas policiales en los mercados populares de Mesa Redonda y La Parada. Para entrar en estos mercados, los vendedores deben mostrar un permiso que les permita cumplir con las normas de higiene impuestas por el Ministerio de Salud. Pero en un país en el que tres cuartas partes de los trabajadores y mercados como Mesa Redonda y La Parada forman parte del sector informal, hubo un gran número de pequeños vendedores sin permiso que fueron expulsados a la fuerza por la policía. Más tarde, los mismos vendedores buscaban otra forma de entrar al mercado, argumentando que “también tenemos que alimentar a nuestras familias”, antes de ser desalojados de nuevo.

Estas confrontaciones rápidamente dieron paso al abuso policial. El Comercio informa que “un miembro de la Policía Nacional Peruana abofeteó dos veces a un presunto delincuente durante su interrogatorio en una comisaría del distrito de El Agustino”. Un video del interrogatorio comenzó a circular en los medios sociales, provocando la indignación por la violencia policial.

Mientras que la ira de la clase trabajadora crece por el desempleo, la desigualdad social y la represión del Estado, la oligarquía capitalista gobernante de Perú está insatisfecha con el ritmo de la reapertura económica. Hablando en nombre de las grandes empresas, la economista Elena Conterno, presidenta del Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE), acusó al gobierno de obstaculizar la normalización de la actividad económica. En El Comercio denunció “el engorroso proceso por el cual las empresas tienen que pasar para obtener la autorización para activar sus operaciones. Esto se debe a que las empresas tienen que presentar un protocolo al Ministerio de Salud y otro al ministerio encargado de sus actividades”.

Mientras muchos expertos en salud expresan su oposición al levantamiento de la cuarentena, la IPAE está declarando el desprecio de la élite gobernante capitalista por la vida humana, que se reduce a la insistencia de que el lucro es más importante que la vida de los trabajadores.

Esta posición fue aclarada por Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), cuando declaró: “Si la fábrica está en San Juan de Lurigancho [uno de los barrios pobres más grandes de la clase obrera con más de 1 millón de habitantes] te dicen que no puedes operar porque está ubicada en uno de los barrios con más casos de coronavirus”.

Su argumento es que el hecho de que esté en una zona industrial con una alta concentración de contagios de COVID-19 es intrascendente.

Mientras tanto, la crisis en el sector de salud ha alcanzado niveles alarmantes, con informes de todos los rincones del país que piden más equipos y muestran altos índices de infecciones y muertes entre médicos, enfermeras y otro personal del sector de la salud.

Lo que se ha expuesto es la falta de preparación del Estado en lo que respecta a la salud de la mayoría de la población. Esto es resultado de las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional y aplaudidas por los gobiernos latinoamericanos de recortar los presupuestos de salud a favor de fomentar los sectores extractivos –minería para la exportación— que benefician al capital mundial y a sus socios menores de la burguesía latinoamericana.

Ante las alarmantes estadísticas de nuevos contagios y muertes, es evidente que el presidente Vizcarra es un títere de la clase dirigente peruana, que mira con envidia cómo los capitalistas de otros países vuelven a la “normalidad” a costa de la vida y la salud de los trabajadores.

Una verdadera lucha para derrotar la pandemia, así como los ataques de la burguesía y de su presidente, Vizcarra, solo puede ser librada por la clase obrera peruana formando comités de base en las fábricas, minas y barrios, independientes de los sindicatos y de la llamada izquierda burguesa. Utilizando las redes sociales y el Internet, estos comités deben luchar por coordinar acciones conjuntas con los trabajadores de la región y a nivel mundial en una lucha común por el socialismo.

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[11 mayo 2020]

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de julio de 2020)