Abogada laboral mexicana liberada bajo acuerdo punitivo tras detención arbitraria

por Andrea Lobo
11 julio 2020

Después de tres semanas de prisión en el estado mexicano de Tamaulipas, la abogada laboral Susana Prieto Terrazas fue puesta en libertad condicional el 1 de julio.

Su arresto el 8 de junio se basó en cargos fraudulentos de instigar una “asonada o motín” y ofensas contra empleados de una corte laboral local en Matamoros quienes alegaron que fueron agredidos por trabajadores de autopartes en una protesta el 10 de marzo. Los trabajadores estaban exigiendo que la empresa con sede en EE.UU., Tridonex Cardone, dejara de pagar cuotas automáticas al sindicato corrupto en la planta de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Prieto no estuvo presente en la manifestación y no se presentó ninguna evidencia demostrando algún involucramiento directo. No obstante, fue el blanco de la imputación dado que muchos de los trabajadores querían cambiarse al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS), fundado y liderado en efecto por Prieto.

Susana Prieto Terrazas

La liberación siguió aun acuerdo entre un juez y los abogados de Prieto, involucrando una compensación de 66 mil pesos (3 mil dólares) para las presuntas “víctimas”. El tribunal le ordenó a Prieto, por un periodo de 30 meses, residir en su natal Ciudad Juárez, Chihuahua, sin acercarse a la corte laboral de Matamoros ni a las “víctimas”, ni viajar al exterior, incluyendo El Paso, Texas, donde vive su familia cercana.

Días tras su liberación, Prieto denunció en una declaración que hay dos órdenes de arresto pendientes en su contra en Chihuahua.

A pesar de sus profundas diferencias políticas con Prieto, el World Socialist Web Site llamó a los trabajadores a “exigir la liberación de Prieto y oponerse a este ataque contra los derechos a la libre expresión, asamblea y organización” organizándose independientemente de “toda facción de la burocracia sindical y élite política”.

La detención ilegal y las condiciones draconianas de su liberación vigilada tienen como objetivo intimidar la rebelión obrera contra los abusos corporativos, más inmediatamente la ola de protestas y huelgas que inició en Matamoros en abril en oposición al regreso forzado a fábricas que se han convertido en focos de COVID-19.

El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojina, encabezó el proceso, pidiendo incluso una pena de cuatro años. Describió la protesta del 10 de marzo como “la comisión de delitos [donde] se ve que hay agresión, se ve que hay amenazas y se ve que hay un peligro para la sociedad”. No obstante, varios videos muestran que los cuatrocientos trabajadores en la protesta se reunieron pacíficamente mientras los hostigó la policía estatal y tropas de la Guardia Nacional, y la corte se rehusó a atender a su abogado por varias horas.

Durante las tres semanas de encarcelamiento, miles de trabajadores y jóvenes participaron en marchas y manifestaciones en Matamoros, Ciudad Juárez y la Ciudad de México para exigir la liberación de Prieto.

La detención recibió la aprobación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Durante una rueda de prensa el 12 de junio, indicó que su Gobierno fue informado inmediatamente del arresto, pero se rehusó a pedir la liberación de Prieto. Por el contrario, alegó que “tiene que ver con el Gobierno del estado de Tamaulipas, no es un asunto federal”.

El caso expuso que todas las facciones de la élite gobernante, desde el Gobierno presuntamente “izquierdista” de López Obrador hasta los Gobiernos estatales del Partido Acción Nacional (PAN) de Tamaulipas y Chihuahua, están girando hacia formas autoritarias de gobierno para defender las ganancias de las empresas extranjeras y nacionales, incluso por medio de detenciones arbitrarias.

Si bien organizaron mítines pidiendo su liberación, los colegas de Prieto en los llamados sindicatos “independientes” condujeron todos los llamados hacia el Gobierno federal.

Como lo confirmó la misma Prieto, su liberación fue asegurada por medio de negociaciones tras bastidores, incluyendo al Gobierno de Trump. “Agradezco al señor Andrés Manuel López Obrador, al Gobierno Federal, a la Embajada de los Estados Unidos de América, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los obreros y obreras de Matamoros, Tamaulipas, a los activistas nacionales e internacionales para que pudiera salir segura”, declaró en un video al dejar la prisión.

Además explicó que, al temer por su seguridad, la Embajada estadounidense aseguró una escolta de la policía federal mexicana y la Guardia Nacional para acompañarla en su salida del estado de Tamaulipas.

En una audiencia en el Congreso de EE.UU. el 17 de junio, el titular comercial del Gobierno de Trump, Robert Lighthizer, anunció que el Gobierno estadounidense solicitaría la liberación de Prieto. Dijo, “Eso es algo en lo que estamos trabajando muy de cerca con nuestra Embajada. Estamos al tanto. Estamos trabajando en ello. Es algo que vamos a monitorear. Tomaremos acciones de ser apropiado… [La detención] es un mal indicador”.

Luego, el 30 de junio, un grupo de 59 legisladores demócratas encabezados por Bill Pascrell (Nueva Jersey) le enviaron una carta al secretario de Estado, Michael Pompeo, para “solicitar que su departamento se empeñe agresivamente para ayudar a garantizar la liberación inmediata de la abogada laboral mexicana encarcelada, Susana Prieto Terrazas”. La AFL-CIO también pidió su “liberación inmediata e incondicional”.

Todos estos oficiales de Estados Unidos dicen estar preocupados por el derecho de los trabajadores mexicanos a pertenecer a sindicatos “independientes” y “democráticos”, afirmando que esto es crucial para aumentar sus salarios y “devolver empleos a EE.UU.” Añaden que ese es un punto central en el nuevo tratado comercial entre EE.UU., México y Canadá (T-MEC) que entró en vigor el día de la liberación de Prieto. No obstante, el acuerdo busca aumentar la explotación de la mano de obra barata en México por parte del capital canadiense y estadounidense para así proteger sus ganancias mientras aíslan económicamente a China, su rival geopolítico.

Lo último en lo que el Gobierno de Trump, el imperialismo estadounidense y la AFL-CIO están preocupados es en las condiciones de la clase obrera mexicana, la cual ha sido por mucho tiempo una fuente barata de mano de obra para las transnacionales con sede en EE.UU.

La intervención de la clase gobernante estadounidense fue provocada por temores de que la detención de Prieto estuviera deteriorando rápido las ilusiones en AMLO y los sindicatos “independientes”—ilusiones que han sido cruciales en la reapertura de proveedoras mexicanas indispensables para las industrias estadounidenses en medio de la pandemia—.

Ante todo, Washington teme que la rebelión contra los corruptos sindicatos de la CTM adopte una dirección auténticamente anticapitalista y busque unificarse con los trabajadores en Estados Unidos. Los trabajadores de Matamoros y la planta de General Motors en Estados Unidos ya han establecido líneas directas de comunicación, con la asistencia del WSWS, con los trabajadores en EE.UU.

La AFL-CIO, el sindicato United Auto Workers (UAW) y otros sindicatos en EE.UU. han buscado por décadas dividir a los trabajadores en EE.UU. de sus hermanos y hermanas de clase al sur de río Bravo. No obstante, la indiferencia criminal de la clase gobernante en ambos lados de la frontera y su política homicida del regreso al trabajo, están impulsando la resistencia de los trabajadores en ambos países.

Los trabajadores de Fiat Chrysler en Michigan han formado comités de base de seguridad para luchar independientemente del UAW y han llamado a los trabajadores en todas partes a unirse a su lucha por defender las vidas de los trabajadores durante la pandemia.

Para combatir a las transnacionales, los trabajadores de EE.UU. y México necesitan nuevas organizaciones de lucha, independientes de los sindicatos nacionalistas y procapitalistas, para unir sus luchas a través de la frontera al tiempo que conectan su resistencia por cuestiones cotidianas con la batalla por el socialismo internacional.

(Artículo publicado originalmente el 10 de julio de 2020)