El gobierno australiano entrega más dinero a las grandes empresas a medida que la recesión se profundiza

por Mike Head
10 junio 2020

El jueves pasado, el mismo día en que el gobierno liberal-nacional admitió que la economía australiana estaba oficialmente en recesión por primera vez en tres décadas, anunció otra entrega a las principales corporaciones: 688 millones de dólares para la industria de la construcción.

En los últimos tres meses, el gobierno y sus contrapartes estatales y territoriales han asignado cantidades sin precedentes que suman más de 250.000 millones de dólares, ya sea en efectivo o en acceso a préstamos baratos, para paquetes de rescate destinados a beneficiar a los bancos y a las grandes empresas.

Sin embargo, el deslizamiento hacia la recesión ha continuado, dejando a unos 2,5 millones de trabajadores sin trabajo o con jornadas de trabajo reducidas, el 20 por ciento de la fuerza laboral. Las estadísticas publicadas el jueves muestran que la caída comenzó antes de que las principales restricciones de la pandemia COVID-19 se iniciaran en la tercera semana de marzo, y ha llevado a la mayor pérdida de medios de vida desde la Gran Depresión de los años 30.

El tesorero Josh Frydenberg declaró que Australia estaba en recesión después de que la economía se contrajera oficialmente un 0,3 por ciento en los primeros tres meses de 2020, con un resultado mucho peor que el esperado para el actual trimestre de junio. Las estadísticas sólo muestran el impacto inicial del coronavirus, que se sumó a la recesión mundial de los tres meses anteriores y a los catastróficos incendios forestales del verano.

Si no fuera por el gasto del gobierno para apuntalar los negocios, la caída del producto interno bruto (PIB) habría sido del 0,7 por ciento. El consumo de los hogares se desplomó un 1,1 por ciento en el trimestre, el peor resultado en 34 años, lo que indica el efecto devastador en muchos hogares de la clase trabajadora.

Este golpe se ha intensificado desde finales de marzo. Las cifras actualizadas de ventas al por menor de abril, publicadas esta semana, mostraron que el volumen de negocios se desplomó un 17,7 por ciento en el mes, la mayor caída jamás registrada.

Frydenberg afirmó prematuramente que Australia evitaría una caída del PIB prevista de más del 20 por ciento en el trimestre de junio, diciendo que habría sido "la versión de los economistas del Armagedón". Este falso optimismo se opone al empeoramiento de la pandemia mundial, que está causando una grave recesión mundial.

El gobierno del primer ministro Scott Morrison está tratando de usar la crisis como una razón para acelerar el proceso de reapertura de los negocios. Trabajando a través del "gabinete nacional" bipartidista, está abandonando a una velocidad vertiginosa las restricciones de seguridad que pueden haber limitado el brote de COVID-19 en Australia hasta ahora.

Pero incluso si esta precipitada carrera, respaldada por los sindicatos y el Partido Laborista de la oposición, logra hacer retroceder a los trabajadores a los lugares de trabajo, muchos de sus empleos habrán sido eliminados y el desempleo masivo continuará.

El profesor de economía de la Universidad de Melbourne, Jeff Borland, dijo al Australian Financial Review que el "mejor escenario" es que para finales de septiembre se habrán recuperado entre 850.000 y 950.000 puestos de trabajo, es decir, menos de la mitad de las pérdidas de empleo.

Para entonces, el gobierno tiene previsto poner fin a sus subsidios salariales JobKeeper y ampliar los pagos de la asistencia social JobSeeker, lo que aumentará la presión sobre los trabajadores para que acepten cualquier trabajo que puedan encontrar, independientemente de la paga y las condiciones.

Las estadísticas del trimestre de marzo subrayaron una crisis económica a largo plazo. La inversión empresarial se contrajo un 0,4 por ciento en el trimestre y un 2,9 por ciento en el año. La inversión no minera retrocedió mucho antes de las medidas de contención del coronavirus. Cayó un 1,7 por ciento en los tres meses hasta el 31 de marzo y un 6,6 por ciento a lo largo del año.

A pesar de todo el alboroto del gobierno sobre una "recuperación liderada por las empresas", los planes de gastos de capital por empresa para el próximo año financiero han caído un 9 por ciento hasta los 90.000 millones de dólares, según las cifras publicadas la semana pasada.

Con el gobierno que debe entregar un presupuesto anual retrasado el 6 de octubre, exigirá que el costo de los inmensos rescates empresariales sea extraído de la clase obrera, tanto a través de más profundos recortes de gastos sociales como a través de la reducción de los salarios y las condiciones de trabajo.

Debido a la pandemia, la deuda neta del gobierno federal, que ya asciende a 570.000 millones de dólares, aumentará hasta 620.000 millones de dólares más para finales de esta década, según las proyecciones de la Oficina Parlamentaria de Presupuesto. El déficit presupuestario alcanzará casi 200 mil millones de dólares en el próximo año financiero.

En estrecha colaboración con los sindicatos, los empleadores y el gobierno exigen que los recortes salariales y las horas de trabajo que impusieron conjuntamente al principio de la pandemia se hagan permanentes y se amplíen.

Cuando el Consejo Australiano de Sindicatos inició sus conversaciones tripartitas con las grandes empresas y el gobierno sobre estas "reformas" de las relaciones laborales, el mayor empleador del país, el gigante minorista Woolworths, pidió públicamente que se recortaran las prestaciones salariales fuera de horario, supuestamente para "crear puestos de trabajo".

El último subsidio corporativo del gobierno de Morrison, un paquete de 688 millones de dólares de "HomeBuilder", ejemplifica el apoyo a las grandes empresas a expensas de los trabajadores. El plan ofrece subvenciones de 25.000 dólares a personas para comprar una nueva casa o realizar una "renovación" por valor de 150.000 dólares o más.

Sólo el 10 por ciento más rico de la gente podría gastar esa cantidad de dinero, y sólo los contratistas importantes, no los comerciantes locales, podrían llevar a cabo un trabajo a esa escala. Por eso el Consejo de la Propiedad y la Asociación de Maestros Constructores, que representan a las grandes empresas, apoyan el rescate del gobierno.

En realidad, millones de hogares de la clase trabajadora no pueden hacer frente a los pagos de sus hipotecas o pagar su alquiler, con una deuda familiar media que se eleva al 200 por ciento de los ingresos mucho antes de la pandemia.

El único propósito del plan es tratar de revertir un colapso subyacente de la industria de la construcción de viviendas. Después de los cuatro años de auge hasta 2017-18, cuando la industria comenzó con alrededor de 225.000 viviendas al año, las nuevas viviendas han caído a alrededor de 165.000 este año fiscal.

Debido a que el Sindicato de Construcción, Silvicultura, Minería Marítima y Energía (CFMMEU) suprimió la oposición de los trabajadores a la falta de distanciamiento físico, las obras de construcción se han mantenido abiertas durante la pandemia. Sin embargo, la inversión en viviendas nuevas y usadas cayó un 2,9 por ciento en el trimestre de marzo y un 15,5 por ciento a lo largo del año.

La característica más flagrante del paquete del gobierno es la exclusión del gasto en viviendas sociales. Se necesita urgentemente alojamiento para los que tienen los ingresos más bajos. El Refugio Nacional estima que el déficit actual es de alrededor de 500.000 viviendas.

Alrededor de una cuarta parte de los solicitantes de vivienda pública "más necesitados" en 2017-18 han estado en una lista de espera de más de 12 meses, según un estudio publicado esta semana por el Instituto Australiano de Salud y Bienestar.

Los gobiernos federal, estatales y territoriales han presidido la pérdida de más de 20.000 viviendas públicas durante los 10 años transcurridos hasta 2017-18. A pesar del aumento de 55.470 viviendas sociales no gubernamentales durante la década, el aumento "no ha seguido el ritmo del crecimiento de los hogares", según el estudio.

El paquete de viviendas demuestra una vez más el sesgo de clase de las llamadas operaciones de rescate del gobierno, que refuerzan los beneficios de las empresas y la riqueza de los súper ricos a expensas de la clase obrera.

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(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de junio de 2020)