El gobierno chileno se aprovecha de la pandemia COVID-19 para declarar Estado de Catástrofe

por Mauricio Saavedra
28 marzo 2020

El gobierno ultraderechista del multimillonario Sebastián Piñera se ha aprovechado de la pandemia de COVID-19 para poner a las Fuerzas Armadas en las calles de Chile y poner al país bajo toque de queda. Con el apoyo del Congreso, el gobierno ha impuesto un Estado de Catástrofe cargando a los mandos militares con la dispensación de suministros y provisiones y el mantenimiento del "orden público". Lejos de estar motivada por la lucha contra el coronavirus, su declaración forma parte de una serie de leyes puestas en vigor para militarizar el país, que se ha visto sacudido por manifestaciones anticapitalistas masivas, huelgas salvajes y rebeliones estudiantiles desde finales del año pasado.

Se requieren medidas drásticas para derrotar al altamente contagioso COVID-19. Hasta el martes pasado, el virus había cobrado la vida de más de 17.000 de los 400.000 casos confirmados en todo el planeta, y sigue aumentando sin cesar. Los estudios científicos muestran que una respuesta eficaz a una pandemia exige la rápida aplicación de exámenes universales junto con una estricta cuarentena para frenar su propagación. Sin embargo, prácticamente ninguna nación ha aplicado esas medidas, y menos aún Chile.

Alabada durante mucho tiempo por los charlatanes del "libre mercado" como el país a emular, Chile está tan privados de infraestructura y recursos médicos que todos los hospitales públicos carecen de los equipos rudimentarios y las camas para hacer frente a esta pandemia, por no hablar de los ventiladores y equipos más especializados para salvar vidas.

Debiendo a que el virus ha aumentado exponencialmente en Chile, con 746 casos confirmados desde el 3 de marzo y la segunda muerte reportada el martes, una corriente de denunciantes están desenmascarando una catástrofe en ciernes. A riesgo de ser despedidos o reprendidos, muchos médicos y enfermeras angustiadas han recurrido a los medios de comunicación social para revelar lo criminalmente negligente que ha sido la actual administración.

Un hospital en Punta Arenas no tiene ni una sola cama UCI. En varios otros hospitales, las enfermeras y los médicos, a falta de equipos de exámenes, guantes y mascarillas, tienen que conformarse con improvisar sus equipos de protección personal. Por ejemplo, en el Hospital San José de la Región Metropolitana, el personal médico está construyendo protectores oculares porque, según una publicación en Facebook, no son suministrados por el gobierno.

Una enfermera del hospital Guillermo Grant Benavente de la ciudad regional sureña de Concepción informó anónimamente de que en una reunión informativa se le informó de que su hospital se estaba transformando en un hospital de la UCI con 1.000 camas para tratar casos críticos de COVID-19.

"Hoy día fue un día que me toco profundamente,” dijo. Acalle en “un miedo que yo creo que se me entumeció el alma. Porque hoy a todas las personas no se les hace el examen… se les están viendo a los que realmente están graves o que están un poco más complicado o que necesitan una cama. Por lo tanto esto está sub-notificado. Hasta los mismos médicos están asustados porque no saben la capacidad de atención que ellos van a poder tener. Porque no existen las camas (que van a necesitar). La proyección de la curva que le marca al ministerio epidemiológica es horrible. De hecho, hoy día en la tarde llego el milico que se va a ser cargo de acá en la octava zona (Concepción). Y mi hospital va ser una UCI. La van a convertir en UTIS (unidad de tratamiento intermedio) para los pacientes más graves. Pero a la par que se hacía a esta reunión… están comprando las bolsas para la gente que se va a morir. Están buscando, con la autoridad sanitaria a donde van a enterar a las personas en los nichos, en las fosas comunes. Por lo tanto eso no es auspicioso y tiene que asustarnos”.

Proteger vidas no está en los cálculos de las élites gobernantes, habiendo cerrado escuelas y universidades sólo la semana pasada pero manteniendo a la clase trabajadora trabajando. Piñera y su imbécil ministro de Salud Jaime Mañalich han rechazado estridentemente los llamados de miles de científicos, médicos, académicos y profesionales para implementar medidas de cuarentena nacional y realizar exámenes masivos. Mañalich ha llegado a desafiar la teoría de la selección natural, declarando "que pasa si este virus muta a una forma más benigna y en la realidad lo único que produce un resfrío común.” En otras palabras, no hay nada que temer aquí, vuelve a dormir. Tal es el grotesco nivel de incompetencia, indiferencia y negligencia.

Miles de personas han sido despedidas en todas las áreas, incluyendo la minería, debido a la caída de la demanda de China, el principal comprador de Chile. Los trabajadores que se quedan se ven obligados a trabajar con una protección personal mínima o nula. Un minero publicó "¿Qué pasará con los que trabajan en las mineras, donde compartimos habitaciones, baños, duchas en pabellones donde nos alejan, en donde comen más de 1.000 viejos en la misma cantina y sin la protección adecuada...? ¡Basta de abusos señores, también tenemos familias, también nos podemos contagiar, también podemos llevar el virus a la casa y contagiar a quienes nos rodean! Difundan para el cierre por 15 de las mineras en Chile”.

La principal aerolínea del país, LATAM, ha reducido a la mitad los salarios de sus empleados durante tres meses, aparentemente debido a las restricciones de viaje, pero en realidad, para poner la carga de la caída de su lucro en su personal.

El propósito del Estado de Catástrofe es poner a los militares en las calles y otorgarles poderes extraordinarios que suspendan los derechos básicos en condiciones en las que una clase obrera y una juventud ya radicalizada han comenzado a hacer huelga para exigir medidas que protegen su salud, su seguridad, sus empleos y, en última instancia, sus vidas. El Estado se está preparando para los levantamientos revolucionarios que inevitablemente surgirán debido al golpe de la catastrófica pérdida de vidas. La clase dirigente chilena tiene una amplia experiencia en este departamento.

En los meses que siguieron a las mayores manifestaciones de su historia, el estado chileno desató una ola de terror que se remontaba a los días de la junta militar del general Augusto Pinochet. En enero, Piñera introdujo las leyes “antibarricada” y “antisaqueo” para criminalizar las protestas, mientras que al mismo tiempo la sede de la UDI, el partido pro-Pinochet en el poder, se abrió a la ultraderecha y a la escoria fascista del capitalismo revolucionario para fabricar armas. Y la policía los protege cuando desfilan por las calles blandiendo estas armas.

Tal es el nivel de desenfreno estatal que es imposible diferenciar a la policía de los fascistas. Cinco policías están ahora a la espera de ser juzgados en Puente Alto, una ciudad minera en el norte de Chile, después de que las imágenes de seguridad les pillaron golpeando brutalmente a un joven de 18 años hasta el punto de causarle varias fracturas y perforarle un pulmón.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INHR) confirmó la semana pasada que 11.389 manifestantes habían sido detenidos desde octubre de 2019, entre ellos 1.580 menores y adolescentes. De ese total, unos 2.146 denunciaron algún tipo de violación de los derechos humanos, entre ellos: violencia sexual (257), tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes (617) o uso excesivo de la fuerza (1.272). Algunos han estado detenidos sin juicio durante más de cuatro meses.

El INHR informó de que había entablado 1.465 acciones judiciales que incluían 1.234 víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, 282 víctimas de tortura con violencia sexual y 34 víctimas de homicidio frustrado a manos de agentes del Estado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también confirmó que 3.838 manifestantes habían recibido heridas graves, la mayoría de los cuales sufrieron heridas de bala en sus ojos y miembros por parte de policías de gatillo fácil.

El Estado de Catástrofe—un subsección del Estado de Excepción—se deriva de la constitución de la dictadura de Pinochet y ha permanecido intacto bajo los llamados frentes y coaliciones de izquierda que han formado gobiernos o se han sentado en el parlamento durante más de 30 años —el Partido Socialista, el Partido Comunista Estalinista (PCCh), la Concertación, el Frente Amplia, la Nueva Mayoría. De hecho, el jefe del PC Guillermo Teillier t uiteó el 19 de marzo cuando la ley entró en vigor: “Espero que con el decreto de Estado de Catástrofe se termine la improvisación y se adopten medidas claras, efectivas y a tiempo”.

Para que quede claro, la junta militar introdujo el Estado de Excepción en el año 1.985 en medio de una ola de explosiones sociales que sacudieron el país tras la depresión económica de principios del decenio de 1980. Basándose en las teorías del jurista nazi Carl Schmitt, el poder se delega "total o parcialmente" a los jefes designados de la Defensa Nacional que asumen el mando de las Fuerzas Armadas, el Orden y la Seguridad Pública para garantizar “el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional”.

Los 13 jefes militares que dirigen las 13 zonas regionales del país asumen las facultades administrativas de las autoridades institucionales puestas bajo su jurisdicción. Controlan los puntos de entrada y salida y el tránsito en ella. Dictan las medidas de protección de los servicios de utilidad pública y de los centros mineros, industriales y otros. Ordenan el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías y determinan su distribución.

Los jefes militares determinan el movimiento y las reuniones en los espacios públicos. Imparten “directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública". Ellos difunden “por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población” y dictan “las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona".

El Estado de Catástrofe se promulga por 90 días, pero puede prorrogarse indefinidamente o decretarse indefinidamente "si continúan las circunstancias que causaron" la ley que se promulgue.

Esto debe servir como una advertencia a la clase trabajadora. La burguesía y sus sirvientes, tanto de la llamada izquierda como en la derecha, están preparando una guerra de clases contra la clase obrera. La clase obrera debe prepararse aprendiendo las lecciones estratégicas del pasado y tomar los asuntos en sus propias manos.

(Publicado originalmente en inglés el 25 de marzo del 2020)