El asesinato de Qasem Soleimani y la criminalización de la política estatal de EE. UU.

14 enero 2020

El domingo, el New York Times publicó una detallada historia, basada en fuentes de alto nivel dentro del Gobierno de EE.UU., sobre la decisión del Gobierno de Trump de asesinar al general iraní Qasem Soleimani el 3 de enero de 2020.

El reporte del Times deja en claro que, lejos de ser una decisión espontánea por parte de Trump, el asesinato de Soleimani contaba con un amplio apoyo del ejecutivo y las agencias de inteligencia, las cuales habían planeado este crimen durante los últimos 18 meses. La nota implica al exasesor de seguridad nacional, John Bolton, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la directora de la CIA, Gina Haspel, en promover y complotar el asesinato.

El reporte del Times retrata un Estado criminal en que las violaciones más flagrantes de la ley son tratadas como rutina. Es testamento del grado en el que la política exterior estadounidense se ha criminalizado tras casi dos décadas de la “guerra contra el terrorismo”.

Esta normalización de la ilegalidad se extienda a la prensa. El tono del reporte del Times corresponde a una historia de aventura. Sus descripciones de los actos no tienen ni una pizca de actitud crítica ante su carácter flagrantemente criminal. La palabra “legal” o cualquier variante de ella simplemente no aparecen en el texto.

El artículo deja en claro que los motivos del asesinato de Soleimani no tenían nada que ver con una amenaza supuestamente “inminente”, como lo afirman los oficiales de la Casa Blanca. Por el contrario, Estados Unidos quería tomar una medida de represalia contra Soleimani por una serie de reveses políticos para EE. UU. que Washington le atribuía.

El Times escribió:

Para fines de 2019, el general Soleimani podía presumir varios logros iraníes. [El presidente sirio] Sr. Assad, un antiguo aliado de Irán, se mantenía seguro en el poder en Damasco, la capital siria, prevaleciendo en una sangrienta guerra civil de varios frentes y años, y la Fuerza Quds tenía una presencia permanente en la frontera con Israel. Varias milicias a las que el general Soleimani ayudó estaban recibiendo salarios del Gobierno iraquí y ejerciendo poder en el sistema político iraquí.

El Times continúa: “Durante los últimos 18 meses, según los oficiales, hubo discusiones sobre atacar al general Soleimani”.

Indica:

Para cuando las tensiones con Irán repuntaron en mayo con los ataques a los cuatro barcos petroleros, John R. Bolton, el entonces asesor de seguridad nacional del presidente, le pidió a las agencias militares y de inteligencia que produjeran nuevas opciones para disuadir las agresiones iraníes. Una de las presentadas al Sr. Bolton fue el asesinato del general Soleimani y otros líderes de los Guardias Revolucionarios. En ese momento, se intensificó el trabajo para seguir los viajes del general Soleimani.

Para septiembre, el Comando Central y el Comando Conjunto de Fuerzas Especiales de EE. UU. fueron involucrados en el proceso de planear una posible operación.

A pocos días de su asesinato, Soleimani se reunió con el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah en Líbano. Nasrallah le advirtió, según el Times, “de que la prensa estadounidense se estaba enfocando en él y publicando su fotografía”. El diario indica que Nasrallah dijo, “Esta fue la preparación mediática y política para su asesinato”.

En los días previos al ataque, la directora de la CIA, Gina Haspel, abogó a favor del asesinato, según el Times, argumentando que “las consecuencias de no atacar al general Soleimani son más peligrosas que esperar”. Haspel estuvo a cargo de una instalación de tortura clandestina de la CIA bajo el Gobierno de George W. Bush y estuvo implicada en la destrucción de grabaciones de la CIA de los ahogamientos simulados contra los detenidos.

CIA Director Gina Haspel arrives to conduct briefings for members of Congress on last week's assassination of Iran's senior military commander Gen. Qassem Soleimani, Wednesday, Jan. 8, 2020, on Capitol Hill in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana)

Uno de los elementos más reveladores del reporte es la siguiente oración: “Él [Trump] le dijo a varios asociados que él quería mantener el apoyo de los belicistas republicanos en el Senado durante el próximo juicio político”. En otras palabras, si la versión del Times es cierta, los cálculos políticos internos desempeñaron un papel importante en su crimen.

El asesinato viola la Constitución de EE. UU. y el derecho estadounidense e internacional. La Carta de Derechos declara específicamente: “Ninguna persona será… privada de vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de la ley”.

En 1975, el comité del Senado bajo Frank Church de Idaho expuso los complots asesinos de la CIA contra varios líderes extranjeros, obligando al presidente Gerald Ford a firmar la orden ejecutiva 11905, declarando que “Ningún empleado del Gobierno de EE. UU. participará o conspirará para participar en un asesinato político”.

Soleimani era un alto oficial gubernamental de un Gobierno soberano. Como general, fue colega de los líderes militares estadounidenses en la lucha contra el Estado Islámico. Lo asesinaron en un tercer país, Irak, mientras actuaba en capacidad oficial para reunirse con el primer ministro iraquí. Este fue un crimen de guerra y un acto de guerra.

El Gobierno de Bush utilizó los aún no explicados atentados del 11 de septiembre de 2001 para llevar a cabo un asalto de plena escala contra los derechos democráticos y el derecho internacional. Creo un sistema de espionaje interno masivo sin órdenes judiciales (en violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución) y torturó a miles de personas (en violación de la Octava Enmienda).

Estados Unidos invadió ilegalmente Irak, desafiando a las Naciones Unidas. El entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, declaró: “Desde nuestro punto de vista y el punto de vista de la Carta de la ONU, fue ilegal”.

El Gobierno de Obama expandió los crímenes del Gobierno de Bush. Llevó a cabo más de 500 ataques con drones por todo Oriente Próximo y el Norte de África. El saldo es de miles o decenas de miles. En un ritual conocido como los “martes del terrorismo”, Obama elegía personalmente a los individuos que iban a ser volados a pedazos por los misiles lanzados desde drones.

Obama tomó el paso extraordinario de asesinar a un ciudadano estadounidense, Anwar al-Awlaki, y dos semanas luego a su hijo de 16 años, otro ciudadano estadounidense. En ese momento, el Departamento de Justicia de Obama afirmó el derecho a matar a ciudadanos estadounidenses, incluso dentro de las fronteras de EE. UU.

Con cada asesinato, las apuestas han aumentado. Los asesinatos estatales están desempeñando un papel cada vez mayor en la vida política de EE. UU.

La forma contemporánea de los “asesinatos selectivos” fue elaborada por Israel. En las palabras del periodista israelí Ronen Bergman, “desde la Segunda Guerra Mundial, Israel ha utilizado los homicidios y asesinatos selectivos más que cualquier otro país en Occidente”.

Durante la segunda Intifada de principios de la década de 2000, el Gobierno israelí envió rutinariamente escuadrones de la muerte y helicópteros armados para asesinar a activistas y figuras políticas palestinas.

Una comisión investigadora de la ONU halló que los asesinatos fueron “violaciones graves del artículo 147, Cuarta Convención de Ginebra y del derecho humanitario internacional”. En ese momento, EE. UU. y sus aliados europeos se distanciaron de la política israelí de asesinatos.

A pesar de que “algunos oficiales del Gobierno de Bush han criticado los escuadrones de la muerte”, Joe Biden, “el principal portavoz de política exterior de los demócratas, ha defendido sin ambages el uso israelí de estos asesinatos extrajudiciales”, señaló el Middle East Policy Council.

Ahora, las prácticas de Israel, un Estado paria desde el punto de vista del derecho internacional, han sido adoptadas por las principales “democracias occidentales”. Además de EE.UU., Francia y Reino Unido ambos manejan sus propias “listas para asesinatos”.

Cabe notar que, a pesar de las críticas sobre el momento del asesinato de Soleimani por parte de Bernie Sanders, Elizabeth Warren y otros, ningún republicano ni demócrata ha calificado el asesinato públicamente como un crimen ni exigido que Trump sea sometido a un juicio político por esta grave violación de la Constitución de EE. UU.

Nadie debería creer que el uso abierto de asesinatos extrajudiciales por parte del Estado permanecerá confinado fuera de las fronteras de EE. UU. Más temprano que tarde, Estados Unidos se referirá a una “amenaza inminente” como pretexto para asesinar a un ciudadano propio dentro de sus fronteras.

Bajo la presión de guerras interminables y desastrosas que no han logrado revertir el declive de la posición global del imperialismo estadounidense, combinada con la inestabilidad económica, el aumento dramático de la desigualdad social y el incremento de las luchas de clases, la clase gobernante considera el giro hacia la criminalidad abierta la única forma de defender sus intereses sociales y económicos. Lo que teme más que nada es el crecimiento de la oposición popular de masas, a lo que responderá con violencia.

El asesinato de Qasem Soleimani ha mostrado nuevamente que no existe ninguna facción en el Partido Demócrata ni el Republicano que defienda los derechos democráticos. La defensa de los derechos más fundamentales incluidos en la Constitución y la derrota de la marcha de la clase gobernante hacia las guerras y la dictadura exigen la movilización masiva de la clase obrera en oposición al sistema capitalista que personifica el Gobierno de Trump.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de enero de 2019)

Andre Damon