Autoridades de Missouri rastrearon los períodos menstruales de las mujeres en un esfuerzo por cerrar el último proveedor de aborto del estado

por Jessica Goldstein
16 noviembre 2019

El director del Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Missouri declaró en una audiencia administrativa el 29 de octubre que el estado había usado una hoja de cálculo para rastrear los períodos menstruales de unas 70 mujeres. El Dr. Randall Williams dijo que las mujeres rastreadas habían sido pacientes en la clínica de salud Planned Parenthood en St. Louis, el último proveedor de aborto que queda en el estado.

La audiencia se realizó para decidir si la clínica permanecería abierta o no. Si se cierra, sería Missouri el primer estado en décadas en no albergar a un solo proveedor de abortos dentro de sus límites, lo cual obligaría a las residentes a cruzar a estados vecinos como Illinois para obtener abortos médicamente seguros o prescindir de un procedimiento protegido por la Constitución.

Los abogados de Planned Parenthood descubrieron la hoja de cálculo adjunta a un correo electrónico con la línea de asunto “Solicitud del Director”, en referencia a Williams, aunque Williams ha negado haber solicitado personalmente o visto la hoja de cálculo antes de la audiencia.

Los funcionarios de salud estatales dijeron que tenían la obligación legal de recopilar esa información y que estaban usando los datos como parte de un esfuerzo por investigar la evidencia de cualquier aborto fallido en la clínica. También hicieron un seguimiento de los procedimientos médicos previos de los pacientes y la edad gestacional de sus fetos. La hoja de cálculo contenía información confidencial no médica, como los nombres de los pacientes y los números de identificación médica, los cuales le permitían al estado utilizarlos para identificarlos y localizarlos, espiando así efectivamente a los pacientes.

El Departamento dijo que quería determinar si algún paciente regresó a la ubicación de Planned Parenthood porque su aborto había fallado y si la clínica había informado adecuadamente de esos incidentes. El estado encontró solo cuatro abortos incompletos de un total de 3.000 proporcionados por la clínica en 2018.

La recopilación de datos de pacientes en un esfuerzo por reforzar el caso del estado para restringir severamente el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud reproductiva es una violación de los derechos fundamentales de privacidad garantizados en la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La revelación de los datos rastreados, señala hasta dónde los funcionarios de Missouri están dispuestos a llegar para poner fin al derecho de las mujeres al aborto dentro de los límites estatales.

En mayo de 2019, Missouri se convirtió en el sexto estado en los Estados Unidos en aprobar una legislación sobre “latidos del corazón”, lo cual hace que los abortos sean ilegales tan pronto como se pueda detectar un latido embrionario o fetal. La ley HB 126 de Missouri prohibiría los abortos a las ocho semanas de embarazo, antes que muchas mujeres sepan que están embarazadas, y no concede excepciones para las mujeres que quedan embarazadas como resultado de violación o incesto. Solo se concederían excepciones en el caso de una emergencia médica que suponga un riesgo para la vida o la salud de la mujer.

El estado apeló a un tribunal superior en un intento de ganar un fallo diferente después de que un juez de un tribunal de distrito federal en Kansas City bloqueó la prohibición para entrar vigencia en agosto.

La Doctora Colleen McNicholas, obstetra-ginecóloga y directora médica de Planned Parenthood en St. Louis, criticó los objetivos políticos flagrantes del uso de la información privada del paciente por parte del estado. En una entrevista publicada en el Washington Post el domingo, dijo: “Esta no es la primera vez que la administración del [gobernador republicano] Mike Parson ha irrumpido en nuestras salas de examen para tratar de regular el aborto. Una regulación estatal de larga data requería un examen pélvico antes de los abortos, como parte de la evaluación del paciente por parte de un médico. Pero esa regla era obsoleta: ahora fechamos los embarazos con ultrasonidos y los abortos con medicamentos se han vuelto más comunes”.

McNicholas también declaró que, como profesional de la salud, no encontró “ninguna razón médica” para que el estado recopile dicha información y señaló que si bien el estado tiene acceso a esta información, su propósito al usar esta información para cerrar a un proveedor de abortos es un abuso de poder.

En un intento de mantener un límite a la indignación de la clase trabajadora en erupción contra el estado como resultado de las revelaciones, los principales funcionarios del Partido Demócrata en el estado de Missouri se han unido a Planned Parenthood para denunciar la extralimitación de su poder por parte del gobierno estatal.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Crystal Quade, una política demócrata, pidió al gobernador Parson que investigue si se violaron las leyes de privacidad del paciente como resultado de obtener y usar su información y para determinar si Williams debería renunciar a su cargo como director del departamento.

Los demócratas como Quade saben que tales llamamientos al mismo gobernador que prometió firmar la ley HB 126 no irán a ninguna parte. El Partido Demócrata no es un defensor de los derechos al aborto. De 2011 a 2014, las leyes aprobadas para restringir el acceso al aborto en los Estados Unidos se dispararon y los cierres de clínicas de salud reproductiva continuaron sin cesar bajo la administración de Obama.

Durante ese período, los estados promulgaron 231 leyes de restricción del aborto, incluidos los períodos de espera obligatorios, el asesoramiento obligatorio del estado y el consentimiento de los padres, todo para allanar el camino para las leyes estatales que prohíben el aborto por completo.

Según el Washington Post, 162 clínicas que proporcionaron abortos a pacientes se cerraron entre 2011 y 2016, mientras que solo 22 clínicas nuevas abrieron, amenazando con devolver los derechos de aborto a Roe v. Wade, la histórica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1973 que legalizó el derecho al aborto. Las nuevas leyes apuntan particularmente a los derechos de las mujeres de la clase trabajadora, que no tienen los medios para viajar largas distancias para obtener un aborto. Un análisis de Bloomberg indicó que “en ningún momento desde 1973 ... la capacidad de una mujer para interrumpir un embarazo ha sido más dependiente de su código postal y sus recursos financieros para viajar”.

La restricción del acceso a abortos seguros y legales y a los servicios de salud reproductiva es parte del ataque bipartidista contrarrevolucionario contra los derechos sociales de la clase trabajadora. Al igual que los ataques al derecho a la educación pública, la jubilación, los beneficios de atención médica y la infraestructura pública vital, el asalto a los derechos reproductivos es parte de la estrategia de la clase dominante para profundizar la desigualdad social y económica.

El derecho a la salud reproductiva y la privacidad requiere una lucha por el socialismo, movilizando a los sectores más amplios de la clase trabajadora contra los partidos republicanos y demócratas, que sirven a los intereses de las élites gobernantes.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de noviembre de 2019)