Huelgas y protestas masivas en Ecuador obligan al presidente a cancelar decreto de austeridad

por Andrea Lobo
17 octubre 2019

Un movimiento de protestas de masas de 12 días—involucrando marchas masivas de trabajadores, campesinos indígenas y estudiantes, tres días de huelga nacional, amplios bloqueos y la toma de campos peroleros clave—obligó al Gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno, respaldado por el imperialismo estadounidense y europeo, a anular la eliminación de los subsidios a combustibles dictada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La decisión no significa que las reformas del FMI han quedado fuera de la mesa, sino que la clase gobernante ecuatoriana, está comprando tiempo para formular una nueva estrategia para aplicar una austeridad devastadora.

Después del anuncio de Moreno desde la ciudad costeña de Guayaquil donde su Gobierno escapó, las calles capitalinas de Quito se transformaron de un campo de batalla a una gran celebración, con cantos, música, caravanas y fuegos artificiales celebrando la anulación de las medidas tras fuertes sacrificios por parte de los trabajadores y campesinos. En total, la represión dejó 8 muertos, 1.340 heridos y 1.192 arrestados, según la Defensoría del Pueblo.

El martes, los precios de combustibles que había aumentado dramáticamente ya se comenzaban a deslizar. La agencia a cargo de las tarifas de transporte dijo que se reuniría para retirar los aumentos recientes. Las escuelas y la Asamblea Nacional reabrieron tras casi dos semanas cerradas, mientras que el Gobierno dijo que todos los campos petroleros estatales reanudarían sus operaciones esta semana.

No obstante, el nuevo decreto de Moreno deja en claro que la clase gobernante solo busca mejores condiciones para eliminar los subsidios y que aquellas organizaciones negociando el repliegue tendrán un papel clave en la siguiente ofensiva, mientras procede la nueva reforma laboral y otros recortes sociales anunciados el mismo 2 de octubre. Todas estas fuerzas han quedado expuestas como lacayos del capital extranjero y la oligarquía financiera local.

Los trabajadores y las masas oprimidas en Ecuador e internacionalmente deben utilizar el respiro para extraer las lecciones sobrias de esta experiencia. Los eventos de este mes demuestran que cualquier lucha contra la desigualdad social y la dictadura debe basarse en la batalla contra el imperialismo y por derrocar todo el sistema de explotación capitalista a nivel internacional. El enojo espontáneo auténtico de los trabajadores, campesinos y jóvenes puede ser suficiente para obligar a la clase gobernante a dar marcha atrás temporalmente, pero transformar la sociedad sobre la base del igualitarismo socialista requiere una dirección revolucionaria trotskista.

La derogación del “decreto 883” que eliminó los subsidios de combustibles fue el resultado de una ronda de negociaciones entre Moreno, su gabinete y los líderes indígenas encabezados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la cual lideró las protestas junto a los sindicatos y varios partidos de oposición.

El punto de quiebre para el Gobierno fue la advertencia de estas organizaciones que ya no podían mantener el enojo social bajo control.

Inicialmente, este temor llevó a los sindicatos a finalizar la huelga nacional el 4 de octubre. El titular del sindicato de transportistas, Abel Gómez, declaró: “Analizando la situación en la que se encuentra el país, en la situación caótica en la que se encuentra la transportación… los transportistas, responsablemente ante el pueblo ecuatoriano, damos por culminada esta suspensión de actividades”.

Luego, durante la primera hora televisada de las negociaciones el domingo—los mediadores de la ONU le pidieron a la prensa que saliera durante las tres horas restantes—el presidente de CONAIE, Jaime Vargas, visiblemente perturbado, “Tenemos presión de las bases. Me preguntan, ‘¿Cuánto te da el Gobierno?’”.

Leonidas Iza, líder del movimiento indígena de Cotopaxi, fue incluso más explícito: “No estamos viendo con objetividad. Nosotros mismos nos sorprendemos [por] la cantidad de gente. No creo que [el expresidente Rafael] Correa tenga la capacidad de mover aquello… Aquí nadie quiere la guerra, pero necesitamos resolver estos temas ya y eso depende de quién está comandando en el Ecuador”.

La derogación demuestra que el mayor temor de la clase gobernante es que los trabajadores y campesinos rompan con las organizaciones que por décadas encarrilaron la oposición detrás de una u otra facción de la burguesía y el ejército.

La clase gobernante no está perdiendo el tiempo en movilizar a sectores de la “oposición” procapitalista para crear una nueva trampa y suprimir mejor la lucha de clases y facilitar su giro hacia la dictadura. El martes, Jaime Vargas de CONAIE de dijo a Sputnik: “Estamos pensando en ser una opción política para las elecciones 2021; eso es lo que pide el pueblo, no lo digo yo. Nosotros vendríamos a aglutinar a todos los sectores de centro y de izquierda en términos ideológicos”.

Antes de las negociaciones el domingo, el Departamento de Estado de EUA denunció las protestas describiéndolas como “la campaña violenta en marcha que erosiona la prosperidad ganada con dificultad por parte del pueblo ecuatoriano y que solo benefician a las fuerzas antidemocráticas”. Luego, el lunes, el secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Michael Kozak, tuiteó que el acuerdo reciente “ayudará a devolver la estabilidad al país”.

La mención de “fuerzas antidemocráticas” se refiere a las afirmaciones de Moreno de que las protestas están siendo patrocinadas por Rafael Correa y el Gobierno venezolano.

Durante las últimas dos semanas, Estados Unidos respaldó abiertamente la violencia estatal asesina de Moreno, un estado de excepción que suspendió derechos democráticos, el despliegue del ejército y toques de queda en Quito y el control militar sobre edificios, puertos y puentes “estratégicos”.

El grado en que los círculos gobernantes siguen dirigiéndose hacia una dictadura plena fue revelado el lunes por el arresto de la política correísta Paola Pabón y la redada policial de la sede del partido Revolución Ciudadana de Correa. Durante el fin de semana, tres políticos de oposición y sus parejas recibieron asilo en la Embajada de México en Quito. La semana pasada, varias organizaciones de derechos civiles reportaron que grupos de manifestantes fueron llevados a los cuarteles policiales de Quito, y varios reportes y fotografías en redes sociales denunciaron tortura gubernamental.

Más allá, Sputnik citó a políticos de la oposición el viernes que indicaron que 13 periodistas fueron encarcelados y que el Estado “intervino” para reprimir nueve medios de comunicación. Esto incluyó una redada policial contra Pichincha Universal por “incitar discordia”. El sábado, el canal de televisión TeleSUR, vinculado al Gobierno venezolano, fue sacado del aire. Los periodistas fueron violentados de forma tan abierta por las fuerzas estatales que le propio Gobierno ecuatoriano emitió una denuncia.

Estos acontecimientos confirman la perspectiva del World Socialist Web Site y su defensa de principios del fundador y editor de WikiLeaks, Julian Assange, quien se enfrenta a una pena de cárcel de 127 años en suelo estadounidense por exponer los crímenes de guerra y las intrigas antidemocráticas internacionales de EUA.

El día en que el Gobierno ecuatoriano le permitió a la policía británica arrestarlo en la Embajada ecuatoriana en Londres el 11 de abril, el WSWS escribió: “Es precisamente el temor hacia el surgimiento de la lucha de clases, combinado con la creciente oposición al capitalismo, que está instando a las élites gobernantes a destruir todos los derechos democráticos, incluyendo la libre expresión, y la persecución de Assange es el ejemplo más grotesco”.

Durante el Gobierno de Correa, WikiLeaks publicó un cable diplomático de octubre de 2009 de EUA, “A pesar de que las señales mixtas hacen que la cooperación sea más desafiante, la Embajada [estadounidenses] ha desarrollado una estrategia para permanecer involucrada con el ejército ecuatoriano. Utilizando la experiencia de nuestra nueva cooperación con la Policía Nacional ecuatoriana, permitiremos que aumente la presión dentro del ejército ecuatoriano sobre la dirección política del Gobierno de Ecuador para la asistencia amplia y de calidad que solo el Gobierno estadounidense provee”.

Desde entonces, Moreno aprobó el reingreso de la CIA, el FBI y la Oficina de Cooperación en Seguridad de EUA en el país, además de entregarle al Pentágono una base militar en las islas Galápagos.

La defensa de Julian Assange, cuya persecución busca silenciar cualquier exposición de nuevos crímenes imperialistas y su papel en respaldar la represión de la oposición social, es crucial en la lucha por la igualdad social y contra el autoritarismo. Esto es cierto tanto bajo Moreno, Correa o cualquier facción de la burguesía nacional, cuya dependencia en el capital financiero global y sus instituciones imperialistas ha quedado a plena vista.

(Publicado originalmente en inglés el 16 de octubre de 2019)