Documento filtrado revela espionaje estatal

El FBI apunta a grupos que se oponen a los campos de concentración de Trump como "extremistas"

por Eric London
10 septiembre 2019

Un informe de inteligencia filtrado del FBI revela que el gobierno de EUA está utilizando informantes y rastreando las redes sociales para espiar a los grupos de protesta nacionales de izquierda opuestos a las milicias fronterizas fascistas y el ataque de la administración Trump contra los inmigrantes.

El documento, titulado "Extremistas anarquistas muy probablemente aumentando el ataque de las entidades del gobierno de Estados Unidos en Arizona, aumentando el riesgo de conflicto armado", producido por la oficina de Phoenix del FBI, fue publicado el 4 de septiembre por Yahoo News .

El informe expone una actividad inconstitucional paralela a los crímenes del FBI bajo el exdirector J. Edgar Hoover. Es una señal de advertencia grave: el aparato de inteligencia militar está creando de manera encubierta el marco legal y físico para la criminalización de la libertad de expresión y la represión de la actividad política de izquierda. Mientras el fascista en la Casa Blanca establece campos de concentración para inmigrantes y opositores políticos, un grupo bipartidista de políticos y agentes de inteligencia están trabajando para aplastar la disidencia.

El informe explica que el FBI está apuntando a los "extremistas anarquistas" (a los que se refiere como "EAs") porque "ven las políticas y procedimientos de inmigración de los Estados Unidos para manejar inmigrantes ilegales —incluyendo arrestos, eliminación y barreras fronterizas— como violaciones de los derechos humanos" y apoyar a las instalaciones y al personal del gobierno como símbolos de la tiranía de los Estados Unidos".

Centro de detención de inmigración estadounidense en Texas [crédito: CBP, WikiMedia]

El FBI justifica calificar a los grupos como "extremistas" basándose en el hecho de que están "monitoreando varias actividades de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, grupos de la milicia de derechas y otros grupos que favorecen el muro fronterizo, principalmente para exponer abusos contra los derechos humanos y comunicar amenazas a grupos humanitarios operando en el área".

El uso de la terminología es legalmente significativo: los grupos que se oponen a los fascistas son "extremistas", mientras que los fascistas se enumeran simplemente como "grupos de derecha". El FBI está sirviendo efectivamente como los protectores de las milicias fascistas.

El informe explica que el FBI ha reunido información de "informes de código abierto y humano con acceso y seguridad variable, la mayoría con acceso directo". Traducido al inglés simple, el FBI está rastreando sitios web y páginas personales de redes sociales para la reunión de "código abierto" mientras trabaja con informantes "humanos" o agentes infiltrados con "acceso directo" a los grupos e individuos seleccionados.

El informe expone la nomenclatura antidemocrática y las categorías legales empleadas por las agencias de inteligencia en sus investigaciones sobre la oposición de izquierdas.

El FBI revisó "sitios web extremistas", incluyendo un "sitio web de EA" que aboga por "acciones disruptivas" contra Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El FBI hizo referencia a otro "sitio web extremista" con el argumento de que defiende "una trayectoria de rebelión". Un individuo fue objeto de vigilancia en las redes sociales porque era "un antifascista autoidentificado" que había "expresado su apoyo" a los "EA".

El FBI admite que "la mayoría de los EA no promueven sus objetivos con armas de fuego" y que "los grupos de AE han prohibido las armas de fuego o han llevado armas cargadas". En otras palabras, los grupos serán atacados a pesar de haber renunciado explícitamente a la conducta violenta.

El informe del FBI es una parte pequeña pero peligrosa de un esfuerzo más amplio para criminalizar la oposición social de izquierda bajo los auspicios de combatir el "terrorismo doméstico".

En agosto, el presidente Trump tuiteó que "se está considerando principalmente nombrar a ANTIFA como una ‘organización de terror’".

Las agencias de inteligencia y una red bipartidista de políticos y funcionarios de hecho han estado "considerando mucho" clasificar a los grupos domésticos como "terroristas".

En su documento Estrategia Nacional para el Contraterrorismo de 2018, la administración de Trump agregó por primera vez varias secciones que abordan el "terrorismo doméstico".

El documento se comprometió a "investigar e integrar información sobre amenazas relacionadas con terroristas domésticos", y señaló que "Estados Unidos ha enfrentado durante mucho tiempo una amenaza persistente de seguridad de terroristas domésticos que no están motivados por una ideología islamista radical". Además, la administración se comprometió a "crear conciencia de radicalización y dinámica de reclutamiento para promover esfuerzos de base para identificar y abordar la radicalización para aislar a las poblaciones civiles de la influencia terrorista".

En una declaración publicada en mayo de 2019 que respalda la legislación que hace del "terrorismo doméstico" un delito federal, el subdirector del FBI de la División de Contraterrorismo, Michael McGarrity, escribió que los "terroristas domésticos" actúan "en cumplimiento de objetivos ideológicos derivados de influencias domésticas, tales como prejuicios raciales y sentimiento antigubernamental".

McGarrity agregó que el FBI está colaborando con agencias de inteligencia extranjeras para monitorear la actividad política internacional: "Estamos trabajando con nuestros socios extranjeros para investigar temas en sus países que pueden estar radicalizando a los estadounidenses ..."

A principios de este verano, el congresista democrático Adam Schiff presentó una legislación que crearía una ley federal que prohibía el apoyo a individuos o grupos calificados como "terroristas domésticos". Aunque Schiff y los demócratas afirman que la legislación estaría dirigida a tiradores masivos de derechas, los actos terroristas violentos son ya ilegales en todas las jurisdicciones, lo que significa que el objetivo principal de una ley federal de este tipo sería criminalizar la libertad de expresión y asociación, particularmente a la izquierda.

Robert Chesney, cofundador de Lawfare Blog y exabogado de la administración de Obama, explicó el 8 de agosto que un estatuto federal de terrorismo doméstico sería "útil" para criminalizar el discurso y la actividad no criminal.

Hablando en apoyo a la medida, escribió que una ley de terrorismo interno facilitaría los "procesamientos anticipados de personas que el gobierno considera personalmente peligrosas pero que aún no pueden vincularse a conspiraciones particulares, intentos o actos de violencia completas". Chesney señala que "lo que falta en el escenario del terrorismo doméstico" es "una lista de organizaciones proscritas a las que se convierten en delito proporcionar, sabiendo lo, cualquier forma de apoyo". "La membresía activa" en tal grupo haría que un individuo sea un "Terrorista doméstico".

Uno de los arquitectos claves de los planes clandestinos para crear el marco legal para tomar medidas enérgicas contra la libertad de expresión es la exfiscal general adjunta de la Administración de Obama para la Seguridad Nacional, Mary McCord.

El 27 de febrero, McCord escribió un artículo en Lawfare titulado "Una hoja de ruta para que el Congreso aborde el terrorismo doméstico" con Jason Blazakis, exdirector del Departamento de Estado de la Oficina de Designación y Finanzas contra el Terrorismo, la agencia responsable de determinar qué grupos están listados como "extranjeras organizaciones terroristas" bajo la Ley PATRIOTA.

El artículo aboga por la aprobación de un estatuto de terrorismo interno para movilizar las "Fuerzas de Tarea Conjunta contra el Terrorismo (JTTF)" del FBI que funcionan "en 104 ciudades de todo el país, combinando más de 4,000 especialistas federales, estatales y locales de aplicación de la ley y de inteligencia" para abordar el terrorismo interno. McCord y Blazakis dicen que el "terrorismo doméstico" involucra actos que están "motivados por ideologías políticas, económicas y sociales extremistas", una definición que claramente apunta a abarcar los puntos de vista socialistas, antiguerra y de izquierda.

El New York Times entrevistó a McCord, escribiendo el 9 de agosto que ella "argumentó que tener cargos en los libros de terrorismo interno y relacionados con el almacenamiento de armas le daría al FBI una base más sólida para investigar a las personas que despiertan sospechas de que pueden presentar un riesgo de violencia políticamente motivada, incluso enviando informantes para ver lo que dichos sospechosos dicen en privado".

Los planes del Estado para reprimir la oposición social incluyen amenazas de fuerza física. También el 9 de agosto, el defensor de la censura en Internet, Clint Watts, escribió un artículo de opinión en el Wall Street Journal titulado "Cómo combatir el nuevo terrorismo doméstico", que pide al gobierno que "use su experiencia duramente ganada contra Al Qaeda y el Estado Islámico" para combatir el "terrorismo doméstico".

"Debemos aplicar rápidamente y cuidadosamente las mejores prácticas de las dos décadas transcurridas desde el 11 de septiembre de 2001 para contrarrestar la amenaza terrorista interna de esta década, aprobando nuevas leyes, aumentando los recursos y mejorando las capacidades de investigación", escribe Watts.

Esto es una admisión de que la clase dominante, con apoyo bipartidista, se está preparando para emplear en casa las brutales fuerzas de muerte y represión utilizadas contra los trabajadores y campesinos en Irak, Afganistán, Siria, Yemen y Libia. El objetivo es suprimir el crecimiento de la oposición social y defender niveles disparando se de desigualdad social.

El ataque por el FBI a grupos proinmigrantes en Arizona muestra que las agencias de inteligencia no se preocupan principalmente por los supremacistas blancos. Trump, quien se ha referido a los neonazis como "buenas personas", claramente no dirige esta estrategia contra sus aliados en la extrema derecha. Después de todo, uno de los principales ayudantes del presidente, Stephen Miller, es un extremista fascista y dirige efectivamente el DHS.

El objetivo real es la clase trabajadora, que debe movilizarse contra la amenaza del fascismo y la dictadura.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de septiembre de 2019)