Mientras se estanca la economía mexicana, el partido gobernante de Morena impone una ley estatal para reprimir las protestas sociales

por Don Knowland
8 agosto 2019

El 1 de agosto entró en vigencia la llamada Ley de la Garrote, que criminaliza efectivamente las manifestaciones, marchas y protestas de la oposición en Tabasco, un estado rico en petróleo y el natal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La mayoría del Congreso estatal compuesto por diputados del partido de AMLO, el Movimiento para la Regeneración Nacional (Morena), aplicaron la legislación.

La ley impone una sentencia de seis a 13 años por interferir con "la ejecución de obras públicas privadas y obras o carreteras o canales de comunicación", y por "la extorsión, la coerción, el intento de imponer o imponer tarifas o prevenir total o parcialmente el libre movimiento de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similares”. La sentencia aumenta de 10 a 20 años si la violencia acompaña a un intento de imponer tarifas, o si los menores son utilizados en bloqueos.

Morena describió la legislación como un intento de poner fin a las sacudidas relacionadas con obras públicas y privadas. Pero ha desatado una tormenta de oposición de los otros partidos principales de México, el antiguo partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Si bien la contienda por parte de estos partidos burgueses de derecha, que son responsables de actos sangrientos de represión, equivale a un gesto político hipócrita, las acusaciones que formulan son, sin embargo, ciertas.

El PRI acusó que los diputados de Morena estaban "actuando como cómplices de un régimen que quiere reemplazar la política y el diálogo con la fuerza bruta". El diputado del PRI de Tabasco que había propuesto la sentencia más alta por extorsión afirmó que no tenía la intención de "criminalizar las protestas sociales", o impedir el derecho a la libre expresión.

Otra diputada del PRI de Tabasco, Ingrid Pantoja, dijo que la ley es una "traición a la gente", con el pretexto de "inhibir el derecho de los ciudadanos a ejercer cualquier tipo de manifestación contra el gobierno federal, estatal, municipal o cualquier otra entidad pública, incluso si son pacíficos”. Pantoja dio como ejemplo que cualquier ciudadano podría ir a prisión por protestar la privatización del agua promovida por el alcalde de Morena de la ciudad de Villahermosa en Tabasco.

El presidente nacional derechista del PAN, Marko Cortés Mendoza, calificó la ley como un intento del gobierno Morena de "construir un sistema totalitario y de control, que ha limitado gradualmente los controles y equilibrios de todos los mexicanos". Dijo que PAN no se oponen a las marchas "reguladoras", pero descartan "reprimir y criminalizar a quienes ejercen su derecho constitucional a marchar en protesta".

Cortés Mendoza dijo que "es paradójico" ver cómo AMLO, que hace 26 años incautó pozos petroleros durante más de 10 días, generando pérdidas, según Pemex, la compañía petrolera nacional, de más de 40 millones de pesos, ahora busca sofocar tales acciones. El senador del PAN, Kenia López Rabadán, dijo que López Obrador habría enfrentado más de 50 años en prisión bajo la nueva ley, ya que dirigió la incautación de pozos petroleros en cuatro ocasiones.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD dijo que la ley tenía la intención de "proteger los intereses y negocios de Morena, y no proteger a los ciudadanos de Tabasco ... solo quieren defender negocios lucrativos que les darán mucho dinero".

El DNE enfatizó que "es obvio que dicha ley busca evitar protestas antes de la inminente construcción de la refinería Dos Bocas [a un costo de alrededor de US$8 mil millones] por parte de Pemex, que comienza en agosto ... el dinero es lo que los motivó a hacer esos cambios constitucionales, y ahora resulta que bloquear una calle es más doloroso que un homicidio, o alguien acusado de violación en el estado de Tabasco".

Por el contrario, las organizaciones empresariales, incluida la mayor confederación de empleadores de México, Coparmex, respaldaron firmemente la nueva ley. El presidente de Coparmex en Tabasco, Ricardo Castellanos Martínez de Castro, dijo: "Esperamos que se aplique la ley y que ahora con la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército, las extorsiones terminarán".

El comandante de la 30 Zona Militar, Pedro Escalera Cobián, dijo que los militares harían cumplir estas recientes enmiendas al Código Penal de Tabasco, además de fortalecer la vigilancia en las áreas petroleras, particularmente donde se construirá la refinería Dos Bocas.

Bloquear carreteras durante las protestas sociales es una tradición mexicana con una larga historia. Por ejemplo, los campesinos que protestan por la degradación ambiental de sus tierras por parte de las empresas a menudo protestan para exigir una indemnización por daños. Bajo el presidente anterior, los maestros disidentes bloquearon rutinariamente las carreteras, objetando ataques a la educación y sus salarios; tales acciones han continuado este año durante la presidencia de AMLO.

De hecho, la lógica de la legislación de Tabasco es prohibir todas esas protestas de oposición. Llega en un momento de creciente insatisfacción con el gobierno de AMLO.

El producto interno bruto de México ronda el nivel de recesión. Disminuyó .2 por ciento desde el trimestre anterior en el primer trimestre de 2019; creció solo .1 por ciento en el segundo trimestre. En los últimos cinco trimestres, el crecimiento ha sido solo 0.04 por ciento.

Los economistas ahora proyectan sólo un crecimiento del 0.4 por ciento este año, muy por debajo del pronóstico del 2.0 por ciento del gobierno cuando AMLO asumió el cargo en diciembre. Ya sea que la economía esté entrando técnicamente en recesión, se está estancando.

Las medidas de austeridad impuestas por AMLO (una caída en el gasto público actual, una gran cantidad de empleos en el gobierno federal recortados y los recortes presupuestarios este año) están jugando un papel importante en esta tendencia bajista. Pero hay causas más fundamentales en efecto, incluida la intensificación de la guerra comercial internacional, el efecto de la incertidumbre económica sobre la inversión y el aumento del costo de vida de las masas mexicanas.

Estas tendencias económicas, y el servicio de AMLO como gendarme de inmigración de Trump, están afectando a los altos índices de aprobación del presidente mexicano. Una encuesta reciente de México Elige muestra que los índices de aprobación de AMLO cayeron del 73 por ciento en febrero al 47 por ciento en julio.

El aumento de la resistencia de la clase trabajadora a las políticas del gobierno de AMLO es inevitable. A largo plazo, las medidas como las impuestas por Morena en Tabasco tienen como objetivo aplastar a esa oposición.

La adoración de AMLO al ejército mexicano, su creación de una Guardia Nacional basada en el ejército para la aplicación de la policía doméstica, junto con ataques brutales contra inmigrantes centroamericanos y las amenazas y violencia dirigidas a principios de este año a la huelga de Matamoros ilustran aún más la deriva claramente autoritaria de su gobierno.

Los falsos grupos "izquierdistas" y "socialistas" que han apoyado con entusiasmo a su administración no sirven más que para encubrir lo que demostrará ser un régimen de derecha que opera al servicio de la burguesía mexicana y el capital internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 6 de agosto de 2019)