López Obrador promete comisión de la verdad sobre desaparición de normalistas de Ayotzinapa

por Don Knowland
2 octubre 2018

La semana pasada marcó el cuarto aniversario de la desaparición forzada de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado sureño mexicano de Guerrero. Después de una manifestación contra recortes en la educación en la ciudad de Iguala, policías locales encerraron a los estudiantes en buses y es probable que los hayan entregado a la organización criminal Guerreros Unidos. No se ha sabido nada de ellos desde ese momento y solo se han recuperado los restos de uno de ellos.

El incidente, al igual que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) bajo el Gobierno ahora presidente saliente Enrique Peña Nieto y su Partido Revolucionario Institucional (PRI), emblematizó la impunidad, corrupción y lazos con el crimen organizado del Estado mexicano. A un nivel más fundamental, el caso reflejó el repudio de la oligarquía gobernante mexicana y el Gobierno a los derechos básicos de la población mexicana, la cual se mostró furiosa por este monstruoso crimen.

La investigación de la PGR concluyó que el Cártel de Guerreros Unidos mató a los estudiantes e incineró sus cuerpos en un basurero junto a un río en la localidad cercana de Colula. Esta es conocida en México como la “verdad histórica”.

Sus deficiencias e inconsistencias quedaron expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense, entre otros organismos. Ellos han comprobado que los restos de los estudiantes no pudieron haber sido incinerados en el sitio en Cocula como había concluido la PGR.

La PGR arrestó a 170 personas, incluidos miembros de Guerreros Unidos y oficiales de la policía local de Iguala y Cocula. Ciento nueve de ellos siguen detenidos, de los cuales 69 enfrentan cargos directos de complicidad en los eventos. Ninguno ha sido sentenciado por el crimen.

Las confesiones de muchos de los detenidos fueron extraídas por medio de tortura. Por ende, los tribunales ordenaron que varios de ellos fueran liberados por esa razón.

La PGR también ignoró evidencia creíble desarrollada por la CIDH de la complicidad en el crimen de varias autoridades gubernamentales —la policía estatal de Guerrero, la policía federal y el 27º Batallón del ejército, desplegado en Iguala— que participaron directamente en las detenciones y el asesinato de los estudiantes o se quedaron sin hacer nada mientras sucedían los hechos.

La PGR bajo Peña Nieto se atuvo a la “verdad histórica” precisamente para encubrir el involucramiento de estas fuerzas, ante todo para no dejar que se escrutara el papel del ejército.

El Gobierno mexicano rechazó los llamados generalizados de crear una “comisión de la verdad” que continuaría y expandiría la investigación, incluyendo de la Oficina del Alto para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas (OACDH), la cual denunció las conclusiones del Gobierno, calificándolas de “insostenibles”.

Las familias de los desaparecidos y grupos que los apoyan han ido a la corte para intentar reabrir la investigación y buscar la implementación de dicha comisión. La PGR se ha opuesto a dicha solicitud, literalmente tramitando literalmente ocenas de apelaciones judiciales para decapitar el esfuerzo.

En junio, un tribunal constitucional emitió un fallo simbólico que ordenó la creación de una “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia” de carácter independiente, para reabrir el caso. La PGR apeló en contra de esta sentencia, afirmando que la selección de tal comisión era “una imposibilidad legal y material”.

El 20 de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito basado en Reynosa rechazó la posición de la PGR. El Estado no puede investigar a la policía federal ni al Ejército porque estaría investigándose a sí mismo.

Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará revisando este fallo.

El miércoles pasado, más de diez mil personas marcharon en la Ciudad de México, incluyendo a los familiares de los normalistas, estudiantes universitarios, docentes y organizaciones sociales, para conmemorar la desaparición de los normalistas y presionar para que se realice una investigación exhaustiva y honesta.

Las familias luego se reunieron con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (conocido popularmente como AMLO) del partido pronto oficialista de Morena (Movimiento Regeneración Nacional).

AMLO ofreció a los allegados la investidura de una comisión de la verdad, con o sin la sentencia de la corte. El objetivo del nuevo Gobierno, dijo, es trabajar por “la verdad y la justicia”, sin impunidad. Pero, advirtió, que no habría ninguna “cacería de brujas”.

El 1 de diciembre firmaría un decreto a tal efecto, exigiendo que el Gobierno coopere completamente, en vez de impedir, dicha investigación. Además, permitirá la participación de la ONU y el GIEI, incluyendo el empleo de su asistencia técnica.

Después de que las familias se reunieron con AMLO, Alejandro Encinas—un exmilitante del Partido Comunista Mexicano, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal y ex Senador por el Estado de México—, a quien AMLO dice que nombrará subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y encargado de la comisión de la verdad, se pronunció ante la prensa. Encinas enfatizó que la comisión “nos va a permitir tener un instrumento con la fuerza judicial suficiente para revisar el expediente y continuar las investigaciones”.

Sin embargo, cuando le preguntaron si la participación del ejército en estos crímenes sería investigada, titubeó, “Hay que ver. No es el objetivo investigar al Ejército. No nos quieran amarrar navajas con el Ejército”.

Continuó. “Es diferente hablar de las Fuerzas Armadas en abstracto, a decir, elementos de las Fuerzas Armadas. Hay que hacer esa diferenciación”.

Encinas divagó cuando se hizo una referencia específica al 27º Batallón del ejército, diciendo que cualquier comentario tendría que esperar a una nueva investigación y que no era su trabajo especular.

Cuando le presionaron más, “si hay elementos de las Fuerzas Armadas [involucrados] tendrán que sujetarse a la sanción correspondiente”. En otras palabras, si los altos mandos del ejército ordenaron o encubrieron la participación del batallón local, eso quedaría fuera del alcance de la comisión de la verdad.

Tal deferencia hacia las Fuerzas Armadas cuadra perfectamente con la decisión reciente de AMLO de echarse atrás con su promesa de campaña de que iba a “acuartelar” a los soldados que están en las calles y que fueron desplegados hace diez años por el presidente Felipe Calderón, supuestamente para combatir los cárteles de drogas. Ahora, explica que, pese a las decenas de miles de muertes derivadas de la operación militar, no es algo que pueda hacer.

AMLO también tiene que ver dónde pisa por si dirigentes de su propio partido o partidarios suyos se involucraron en los acontecimientos de Ayotzinapa o en su encubrimiento. En 2014, él y Morena estuvieron teniendo acercamientos con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, para que se postulara como gobernador del estado de Guerrero. Resultó que Abarca estuvo directamente involucrado en ordenar el secuestro de los normalistas la noche que desaparecieron. Él y su esposa, una hermana del líder de Guerreros Unidos, fueron luego sentenciados por su involucramiento con el cártel y por lavado de dinero.

AMLO se postuló como un “socialdemócrata progresista”. Su plataforma enfatizó ante todo la lucha contra la corrupción. Los gobernadores corruptos, en cama con los cárteles de drogas, los oficiales que han robado o cometido fraude contra la propiedad pública, que sacaron provecho de contratos públicos, que se hicieron de la vista gorda ante infracciones de normas de construcción en la Ciudad de México pese a la larga historia de terremotos devastadores, que espiaron ilegalmente a ciudadanos —junto a sus coconspiradores de la élite empresarial— todos se enfrentarían a un día de ajuste de cuentas, sin “impunidad”. Presuntamente, incluso el presidente saliente tendría que dar la cara.

La clase obrera mexicana pronto se dará cuenta que AMLO los decepcionará en muchos frentes. Inevitablemente perseguirá medidas cada vez más derechistas a instancias de la burguesía mexicana e internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 1 de octubre de 2018)