Fuerza de tarea "contra el terrorismo" persigue a los adversarios de Bush

28 August 2004

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La versión original en inglés de esta declaración apareció por primera vez en nuestro sitio el 18 de agosto, 2004.

El FBI ha puesto en práctica planes de amplio y largo alcance para intimidar y agredir a los adversarios de la política pro guerra del gobierno de Bush. En anticipación a la Convención Nacional Demócrata, celebrada en Boston a principios de mes, y la venidera convención del Partido Republicano en la ciudad de Nueva York a principios de septiembre, la Fuerza de Tarea Conjunta Contra el Terrorismo [JTTF] del FBI ha movilizado a sus agentes para que espíen, interroguen y amenacen a los manifestantes contra la guerra, inclusive interferir con sus actividades para rendirlas obsoletas.

En plena infracción de los derechos democráticos básicos y constitucionales, la JTTF actualmente mantiene bajo vigilancia y en varios casos ha interrogado a docenas de personas en por lo menos seis estados acerca de sus acciones y opiniones en contra de la guerra. La JTTF ha visitado los hogares y lugares de trabajo de oposicionistas a la guerra, así como también a amigos y a parientes. En ninguno de los casos ha habido evidencia de actividad delictiva—ni perpetrada ni calculada—por parte de los individuos en cuenta.

Siguiendo las pautas establecidas por la política del gobierno de Bush tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, el FBI sostiene que se ve obligado a poner en práctica estas medidas debido a la "guerra contra el terrorismo", la cual está por encima a todas las libertades civiles fundamentales, inclusive la Primera Enmienda a la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y la asociación libre. Este espionaje no es más que la resucitación del mccartismo, cuyo objetivo es silenciar a los adversarios de la política del gobierno.

Las oficinas locales de la Unión pro Derechos Civiles de Estados Unidos [ACLU] han informado que agentes del FBI por todo Estados Unidos han estado vigilando las actividades diarias de numerosos activistas políticos quienes las autoridades creen planean manifestarse en varios de los acontecimientos políticos, inclusive la Convención Nacional Republicana en septiembre.

El 16 de octubre, el New York Times reportó que tres hombres en el Estado de Missouri, aproximadamente de veinte y pico años de edad, fueron perseguidos por agentes federales por varios días durante el período justamente antes de la convención Demócrata. Agentes del FBI visitaron los hogares de los padres de los jóvenes y los interrogaron acerca de las actividades y creencias políticas de sus hijos. Los tres habían planeado irse en carro a Boston con un grupo activista basado en San Luis para participar en una manifestación durante la convención, pero no pudieron salir del estado porque una orden jurídica los obligó a comparecer ante un gran jurado federal el 29 de julio.

"Un efecto escalofriante sobre la libre expresión"

Denise Lieberman, directora de asuntos jurídicos de la ACLU en la sección oriental de Missouri, se expresó de la siguiente manera: "La experiencia de ser vigilados por la JTTF debido a sus actividades de protesta han dejado a estos tres jóvenes muy aterrorizados. Las interrogaciones del FBI han tenido un efecto escalofriante sobre la libre expresión."

Hace varias semanas que en Denver, Estado de Colorado, agentes policiales visitaron el hogar de Sarah Bardwell, estudiante de 21 años de edad haciendo un cursillo con el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, grupo cuáquero contra la violencia. Cuatro agentes del FBI y dos oficiales de la policía de la ciudad de Denver la interrogaron. La joven le informó a la ACLU que los agentes le dijeron a ella y a sus compañeras de casa que "estaban tomando ciertas medidas de precaución e investigatorias".

Según la ACLU, las preguntas que los agentes le hicieron a Sarah fueron muy similares a las que se le hicieron a otros que la JTTF había previamente interrogado: "¿Tiene usted planes para perpetrar actos criminales en la convención nacional? ¿Conoce a alguien que tenga esos planes? ¿Sabe usted que es un crimen tener conocimiento de, o prestarle ayuda a, alguien que tiene planes para perpetrar dicho delito y no denunciarlos?"

El 5 de octubre, 2003, el Buletín sobre el Espionaje del FBI admitió que el "FBI no posee ninguna información que indique que se están planeando actividades violentas y terroristas como parte de las manifestaciones [en contra de la guerra], pero si sostuvo que "existe la posibilidad que elementos de grupos activistas puedan tratar de participar en actos violentos destructivos para causar el desorden". Así el FBI puede justificar sus acciones.

Es decir, ciudadanos estadounidenses que no han cometido ningún crimen y contra quienes no existe ninguna prueba que sus intenciones han sido delictivas, se han convertido en víctimas de la persecución policial y posiblemente de enjuiciamientos en los tribunales debido a las creencias y actividades que la Constitución protege. Existe una similaridad muy nefasta entre, por una parte, esta política "preventiva" contra ciudadanos y residentes que respetan las leyes y, por otra, la política oficial de que el gobierno puede lanzar guerras preventivas contra otros países;guerras que se justifican porque en el futuro puede que la "seguridad nacional se vea amenazada".

El ejemplar del 16 de agosto del Times reporta que el periódico ha obtenido una opinión jurídica de cinco páginas, previamente clasificada, del Asesor Jurídico del Ministerio de Justicia, quien asegura que la interrogación de los manifestantes y el espionaje al cual han sido sometidas no constituyen ninguna infracción de la primera enmienda a la Constitución, la cual protege la expresión libre. La opinión declara: "Dada la índole limitada de semejante espionaje llevado contra el público, todo efecto ‘escalofriante' que dichos informes posiblemente causen [del espionaje del FBI] serían mínimos y mucho menos importantes que la imperativa de defender la seguridad y el orden para proteger al público durante manifestaciones tan enormes".

Los funcionarios del gobierno de Bush repetidamente han negado toda intención de restringir los derechos civiles e insinúan que estas acusaciones se basan en la política de la calumnia, pero éstas protestas son puramente formales. Joe Parris, vocero del FBI en Washington, defiende las nuevas medidas contra los manifestantes cuando le declara al New York Times que "el FBI no tiene que ver nada con la restricción de los derechos que la Primera Enmienda a la Constitución le garantiza a todos".

Pero estas promesas no significan nada. Son la reacción típica a todo el que proteste o ponga en tela de juicio a la violencia flagrante contra los derechos protegidos por la Constitución. Funcionarios del gobierno nunca se molestan en explicar como sus acciones se adhieren a los interdictos legales y constitucionales que prohíben la invasión de la privacidad del individuo y la destrucción del derecho a la expresión y a la asociación libres. Proclaman su inocencia e insinúan que el público simplemente debería aceptar con confianza lo que ellos dicen y hacerle caso omiso a sus acciones anti democráticas, las cuales son evidentes.

En sus comentarios al New York Times, Parris añadió que "la Primera Enmienda no protege la acción criminal. Lo que nos preocupa son los daños físicos que los convencionistas, los ciudadanos, los policías y los que primero llegan a esas situaciones podrían sufrir".

Esta declaración muestra que el FBI cree en la existencia de una relación entre la expresión libre protegida por la Constitución y la criminalidad violenta. Así puede justificar el acoso y la intimidación de personas contra quienes, según la misma agencia admite, no existe ninguna prueba de actividad delictiva.

La persecución que el FBI ha puesto en marcha es un elemento muy importante de la "guerra contra el terror" del gobierno de Bush. Y es con esta "guerra" que el gobierno ha buscado, desde un principio, la manera de sembrar el pánico proveniente de peligros externos y así justificar las medidas dictatoriales puesras en práctica por el estado mismo. Inmediatamente tras los ataques del 11 de septiembre, el blanco principal de estos ataques fueron inmigrantes árabes y musulmanes. Varias redadas terminaron en el encarcelamiento de miles. Muchos permanecieron detenidos por meses sin imputárseles ningún cargo. Muchos fueron deportados sólo porque los individuos habíam infringido ciertos reglamentos insignificantes de inmigración. Este ataque contra los derechos básicos cada vez más se dirige contra los propios ciudadanos de Estados Unidos.

Bush y los Republicanos, con el apoyo de la gran mayoría de los Demócratas en el Congreso de Estados Unidos, se aprovecharon de los eventos del 11 de septiembre, 2001, para socavar, de una manera sin precedente, derechos civiles muy antiguo: el derecho a a la privacidad, la protección contra los registros y las incautaciones ilegales, la presunción de la inocencia y el derecho de habeas corpus. A instituciones policiales del estado, tales como el FBI y la CIA, se les ha concedido poderes sin paralelo para compartir información por medio de enormes bases de datos. El Acta Patriota de Estados Unidos de América y el Ministerio para la Seguridad de la Patria han integrado estas medidas anticonstitucionales a la estructura jurídica del país.

Los oposicionistas dentro del país son el verdadero blanco

Con las actividades del Comité Unido Contra el Terrorismo del FBI, los políticos del sistema buscan la manera de crear cierta mentalidad patra confundir al terrorismo externo con toda oposición que pueda producirse dentro del país. La premisa básica es que toda persona que se oponga a la política extranjera o interna del gobierno es, por obligación, culpable de auxiliar e incitar a los terroristas.

El Fiscal de la nación, John Ashcroft, compareció ante el Comité Judiciario del Senado en diciembre, 2001, cuando explicó la lógica en la que el gobierno se había basado para adoptar las medidas dictatoriales. Ashcroft defendió las acciones del gobierno para crear tribunales militares secretos en los cuales enjuiciar a individuos acusados de ser terroristas y puntualizó que todo que criticara esas medidas "le estaba dando munición a los enemigos de Estados Unidos". Hizo la siguiente amenaza: "A aquellos que les gusta asustar a la gente que aman la paz con el fantasma de las libertades que han desaparecido les tengo este mensaje: las tácticas de ustedes sólo ayudan a los terroristas, pues socavan la unidad nacional y disminuyen nuestra determinación". [Ver en inglés “Ashcroft defends Bush’s war against the Constitution: Tells Senate hearing that critics ‘aid terrorists’”]

El Comité de Redacción del Sitio de la Maya Mundial Socialista [World Socialist Web Site: WSWS] lanzó su propia declaración el 7 de noviembre, 2001, en la que advirtió lo siguiente: "Aunque por el momento la mayoría de los que han caído víctimas de las redadas del gobierno son inmigrantes con raíces en el Oriente Medio y el Asia central, sólo es cuestión de tiempo antes de que estos mismo métodos anti democráticos se usen de manera más amplia". Los La veracidad de estas palabras la comprueban los hechos actuales.

Cada vez queda más claro que estas medidas dictatoriales, las cuales aumentan cada vez más, no han aparecido para contrarrestar el peligro del terrorismo extranjero, sino para suprimir la creciente oposición a la política del gobierno. ¿Es mera coincidencia que los que el Comité Unido Contra el Terrorismo del FBI ha acusado de promover la violencia son inevitablemente oposicionistas a la política militarista del gobierno de Bush? El gobierno todavía tiene que explicar por qué los oposicionistas izquierdistas a la política del gobierno son aliados conscientes o inconscientes del terrorismo.

Vale la pena recordar el acto terrorista más sangriento que haya tenido lugar en suelo etadounidense anterior al 11 de septiembre: el bombardeo en la ciudad de Oklahoma City en abril, 1995, perpetrado por elementos fascistas relacionados a las milicias y a otros grupos vinculados a individuos muy destacados del Partido Republicano.

Los periódicos y otros medios de difusión, inclusive la televisión y la radio, han prestado muy poca atención a las últimas medidas que se han tomado contra personas que se manifiestan en contra de la guerra. Y los pocos informes que han aparecido, como en el New York Times del 16 de agosto, no le han dado mucho significado, menospreciando así al pueblo de Estados Unidos.

El titular del Times justificó ímplicitamente las actividades del gobierno y pintó de "agitadores políticos" a las víctimas del espionaje del FBI. Un editorial del periódico, publicado al día siguiente, hizo una ligera crítica a estas "investigaciones burdas" del FBI, llamándolas ineficaces y un desvío de la verdadera "lucha contra nuestros enemigos extranjeros".

El Partido Demócrata y su candidato presidencial, John Kerry, no han variado en nada en cuanto a su apoyo a estas agresiones contra los derechos democráticos. No han protestado en lo más mínimo las acciones dictatoriales del FBI.

El World Socialist Web Site y el Partido Socialista por la Igualdad advierten que las acciones del FBI muestran que a partir del 11 de septiembre, los derechos civiles han sido enormemente socavados en Estados Unidos. Todas las medidas que se han adoptado—el Acta Patriota, la creación del Ministerio para la Seguridad de la Patria, los arrestos y las detenciones sin límite de tiempo de ciudadanos y no ciudadanos, acusados de ser "combatientes enemigos" que no tienen derecho a obtener defensa jurídica—representan el armazón de una dictadura militar.

A estas amplias agresiones contra los derechos democráticos sólo se le puede poner paro por medio de la organización y la movilización del pueblo trabajador, independientemente de los dos partidos de la empresarial, en una lucha contra la oligarquía que domina a Estados Unidos a través de sus representantes políticos.

Le instamos a todos los que el FBI ha puesto en sus miras, o que caigan víctimas de cualquier acción del gobierno contra los derechos democráticos, que le escriban al WSWS para así darle la mayor información posible a nuestros lectores acerca de los ataques contra los derechos básicos de la población.

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