Pinochet Pierde la Inmunidad, Pero el Gobierno Chileno Trata de Protegerlo

19 August 2000

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Luego de demorarse toda una tensa semana, los jueces de la Corte Suprema chilena anunciaron el martes que habían votado 14 a 6 para despojar a General Augusto Pinochet de su fuero de senador vitalicio. El dictamen no llegó a exigir que al ex dictador militar se le sometiera a exámenes médicos para averiguar si le podía encausar.

Es casi seguro que a Pinochet nunca llegue a juicio por los 157 cargos que se le imputa; cargos que sólo constituyen una pequeña porción de las 3,000 víctimas que verídicamente fueron asesinadas por su régimen, de la desaparición de por lo menos 1,200 otros, y la tortura de otras 400,000 personas entre 1973 y 1990.

El presidente Ricardo Lagos le ha pedido al pueblo chileno que “ acepte el fallo de los tribunales”, pero el gobierno de coalición, encabezado por su Partido Socialista, está a favor de proteger a Pinochet y a otros oficiales de las fuerzas armadas bajo el acuerdo que recientemente adoptaron los militares y varios partidos. El propósito del acuerdo, firmado en junio, consiste en eludir el pretexto legal que hizo posible imputarle los cargos a Pinochet.

Cuando la junta de Pinochet le entregó las riendas del gobierno a políticos civiles en 1990, los generales permanecieron protegidos por una ley de amnistía que cubría los crímenes que cometieron entre 1973 y 1978. No obstante, la Corte Suprema, dictó en junio, 1999, que esta amnistía no protegía los secuestros y otras desapariciones. Bajo esa decisión, los “secuestros agravados” se consideran delitos continuos hasta que la víctima se ubique.

Indiscreciones por parte de la corte misma revelaron la semana pasada que los jueces habían votado cancelar por separado la inmunidad que la constitución civil le había concedido a Pinochet como senador vitalicio. Pero tales fueron los conflictos que el caso desencadenó que la corte rehusó dejar a conocer su veredicto hasta que todos los jueces firmaran la decisión con su puño y letra.

Al mismo tiempo que la corte hacía diligencias para llegar a su decisión, miles de personas—muchos de los cuales eran parientes de los desaparecidos—manifestaban fuera del edificio de la corte, gritando, “¡Justicia y Castigo!”. Los partidarios de Pinochet se congregaron en las afueras del hogar de Pinochet y gritaron insultos. También le pusieron fuego a pilas de huesos, que para ellos representaban los restos mortales de los desaparecidos.

El margen del voto sobre el veredicto de la Corte Suprema—que no se esperaba fuera tan extenso—reveló que varios de los mismos partidarios de Pinochet en la corte habían votado contra él. Tres de los 20 jueces habían sido nombrados por el mismo Pinochet; los otros diecisiete fueron aprobados por un senado controlado por grupos pinochetistas. A nueve de los jueces se les consideraba firmes conservadores. El resultado indica que en los círculos derechistas militares y políticos existen diferentes puntos de vista en cuanto a como proceder.

General Izurieta, jefe de la Fuerzas Armadas, visitó a Pinochet y alabó sus “ muchos esfuerzos valientes por la patria”. No obstante, reafirmó su promesa de respetar el acuerdo congresista obtenido por el gobierno de Lagos.

En el congreso, legisladores derechistas boicotearon la sesión del día mientras diputados de la coalición centro izquierda gobernante cantaban el himno nacional, aplaudían y vitoreaban la decisión de la Corte. Vivian Díaz, miembro del Partido Socialista (PS), declaró que el veredicto comprobaba “ que Pinochet ya no está por encima de la ley”. Otro legislador del PS, Isabel Allende, cuyo padre, Salvador Allende, fue derrocado y asesinado en el golpe de estado que Pinochet encabezó, declaró: “ Estamos orgullosos que por primera vez en Chile, la impunidad ha terminado y las puertas de la justicia se han abierto”.

Este tipo de comentario se hace sabiendo muy bien que Pinochet todavía puede refugiarse detrás de muchos privilegios políticos y legales.

Factor importante es su edad. Las leyes chilenas requieren que todo acusado que sea mayor de los 70 años reciba atención psicológica. Para el dictador de 84 años de edad, quien aparentemente sufre de varias enfermedades del cerebro, estos análisis podrían ser esenciales para que pueda evadir juicio. Sus médicos sostienen que ha sufrido por lo menos dos hemorragias cerebrales que le han causado “daños irreversibles al cerebro”.

Además, otras consideraciones acerca de su salud física—que el gobierno de Blair en la Gran Bretaña usó como pretexto para no entregarlo por extradición a España, donde se le iba a enjuiciar - también pueden salvarle del juicio, aún cuando sus abogados lo defendieron sin éxito durante la sección de la auditoría consagrada a los procedimientos.

Ni tampoco está Pinochet obligado por la ley a obedecer la orden que se someta a exámenes médicos. Su familia y sus consejeros legales han puesto bien claro que rehusará obedecerla. Además, en cualquier diligencia preliminar, Pinochet, como general jubilado, tiene derecho a ser interrogado por escrito, no verbalmente. Este sería un largo y complicado proceso.

Mucho más importante aún es que Pinochet pueda beneficiarse del acuerdo sobre los desaparecidos, el cual consta de los cargos contra él, inclusive los casos que tienen que ver con la notoria “caravana de la muerte”. Bajo órdenes de directas de Pinochet, comandantes militares dieron giras en helicópteros por ciertas zonas del país durante los meses que siguieron el golpe de 1973 y asesinaron a 73 prisioneros. Los restos mortales de 19 de los ejecutados nunca se han recuperado, lo cual le dio origen a los cargos de “secuestros agravados”.

Sólo la semana pasada, como parte del acuerdo con los militares, un pastor metodista cedió documentos que un oficial jubilado de la fuerza aérea le había entregado. Estos expedientes describen como los escuadrones militares de la muerte cortaban los cadáveres de sus víctimas, los inyectaban con substancias químicas para atraer peces carnívoros, y luego los echaban al Pacífico desde aviones en el aire.

Una vez que un tribunal acepte esta evidencia—se supone en el nombre de descubrir el destino de varios desaparecidos—los perpetradores tendrán derecho a la amnistía del 1978.

La acusación formal contra Pinochet se ha convertido en un gesto cínico, diseñado a resucitar el sistema judicial y político ante el pueblo chileno. Un abogado que defiende los derechos humanos, Roberto Garretón, quien fuera miembro de la “mesa redonda” que negoció el acuerdo de este año con los militares, admitió lo mismo cuando alabó el voto de la Corte Suprema: “ Los chilenos comenzarán a creer que los tribunales están para servirles. En una democracia, eso es muy importante”.

Garretón explicó que esto era de crítica importancia para la Corte Suprema, la cual sigue con la mancha de haberle brindado apoyo y respaldo legal al golpe de Pinochet en 1973. Pero la búsqueda por la legitimidad también le ha causado a los políticos de Chile la misma presión, sobretodo al Partido Socialista, el cual es responsable de haber defendido la amnistía que se le obsequió a los militares.

Y como había de esperarse, la prensa chilena recibió la decisión de la Corte Suprema con los brazos abiertos e hizo comentarios tales como, “ la decisión ha reafirmado la fortaleza de la democracia chilena”.

Erich Schnake, miembro envejeciente del grupillo “socialista renovado” y ex colega del presidente asesinado, Salvador Allende, hizo una súplica revelante. Le urgió al pueblo que aceptara el hecho que Pinochet permanecería intocable.

Logramos sólo lo que fue posible”, arguyó. “Pinochet dejó el poder no porque era débil, sino porque fue mal aconsejado...Entre las condiciones que nunca se revelaron en el acuerd estaba la que a Pinochet nunca se le debería tocar...Y la aceptamos. Dejarlo sin tocar y quitárselo a los tribunales a razón de su edad es una de las maneras de respetar el pacto”.

Algunos 80 oficiales de la era de Pinochet han sido acusados formalmente durante años recientes, incluyendo a agentes de la CNI (policía secreta) que les condenó a cadena perpetua la semana pasada por los asesinatos políticos que cometieron en 1986.

Pero estos fallos de culpabilidad son gestos inocuos. Los intereses establecidos, en Chile y a nivel internacional, que organizaron y se beneficiaron del golpe de Pinochet todavía mantienen el poder económico y político. Pero el comentario más despreciable acerca del fallo contra Pinochet se originó en Washington, donde Richard Boucher, vocero del Departamento de Estado, le dijo a una conferencia de prensa que el fallo “era significante para Chile, para un gobierno basado en la ley, y para la promoción y protección de los derechos humanos”.

La decisión, continuó Boucher, “reafirma el principio fundamental que nadie está por encima de la ley. De verdad esperamos que contribuirá a la resolución de las disputas acerca de los derechos humanos no han podido resolverse durante mucho tiempo, y que avanzará el proceso de la justicia y la reconciliación en Chile”.

No sólo respaldó Los EE.UU. el golpe de Pinochet, sino que la CIA participó en todos los detalles preparativos que condujeron a él y a la conducta criminal quie desató. Además, el gobierno de Clinton sigue rehusando abrir los archivos de la CIA, los cuales revelarían hasta que punto llegó la participación de Los Estados Unidos en ese desastre.

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