Las audiencias de Kavanaugh subrayan el control corporativo de la Corte Suprema

7 septiembre 2018

Las audiencias de la comisión de asuntos judiciales del Senado estadounidense sobre la nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema son un montaje predecible.

Para el Gobierno de Trump, los legisladores republicanos y el mismo nominado, el único objetivo de estas sesiones es evitar autoinfligirse algún daño, estando seguros de que la mayoría republicana de 51 a 40 senadores será suficiente para aprobar la nominación. Los demócratas no solo no harán nada para detenerlo, sino que le concederán algunos votos a favor de este juez derechista.

Por ende, Kavanaugh se ha pintado como un “bienhechor” que alimenta a personas sin techo en caridades católicas y entrena equipos de basquetbol de niñas, no como un reaccionario que ha pronunciado 50 discursos en la organización ultraderechista, Federalist Society, durante sus 12 años como juez federal, o que previamente protagonizó el intento de golpe de Estado contra Bill Clinton encabezado por Kenneth Starr.

Los senadores demócratas han hecho gestos de oposición a la nominación para promover ilusiones de que su partido representa la “resistencia” al Gobierno de Trump y sus políticas ultraderechistas, mientras que permite que un grupo selecto de demócratas que buscan su reelección este noviembre en estados donde ganó Trump en 2016 voten por Kavanaugh.

El líder de la minoría demócrata, Charles Schumer, ha rechazado las peticiones de grupos de derechos civiles, de mujeres y gays de que utilice medidas para postergar y bloquear la nominación, ni hablar de los métodos empleados por su contraparte republicano, Mitch McConnell, quien bloqueó la nominación de Merrick Garland por parte de Obama en 2016 para que Trump pudiera elegir a su nominado ultraderechista, Neil Gorsuch, para cubrir la vacante.

En tales asuntos, el Partido Republicano representa invariablemente la facción de la política capitalista más determinada, agresiva y despiadada porque se encuentra menos limitado por la necesidad de aparentar defender los derechos democráticos o los intereses de los trabajadores en oposición a los de la élite corporativa.

Esta realidad política explica el contexto de la impactante declaración el martes del senador demócrata de Rhode Island, Sheldon Whitehouse, cuando introdujo la audiencia sobre Kavanaugh. Whitehouse expuso durante 18 minutos tanto la nominación de Kavanaugh como la mayoría de la Corte Suprema liderada por el juez presidente, John Roberts, que incluye a Clarence Thomas, Samuel Alito, Gorsuch y Anthony Kennedy, cuyo retiro creó la vacante para Kavanaugh.

Whitehouse describió a estos magistrados como el “Roberts Five” o Quinteto de Roberts, enfatizando los 80 fallos emitidos desde que Roberts asumió su cargo en los que los cinco magistrados nominados por presidentes republicanos votaron en bloque contra la minoría de cuatro jueces nominados por demócratas. En cada uno de los 73 de estos casos que impactaban significativamente los intereses de empresarios ricos, el “Roberts Five” sentenció sin excepción a favor de ellos. El marcador es 73 a 0.

La presentación del senador sobresale porque prescindió de la farsa de que la Corte Suprema opera “por encima de la política” y puso en ridículo las afirmaciones de que esta mayoría conservadora encarna un “autocontrol judicial” o que se opone a “legislar desde el estrado”.

“Cuando el Roberts Five se sienta, estos llamados conservadores son todo menos ser jurídicamente conservadores”, dijo. “Están plenamente dispuestos a anular los precedentes, descartar estatutos aprobados por amplios márgenes bipartidistas y decidir sobre cuestiones constitucionales generales que no necesitan tocar”. Los principios como el “originalismo” y el respeto a los precedentes son defenestrados apenas se conviertan en un obstáculo para un resultado procorporativo.

Algunas de las decisiones de la corte que mencionó fueron el caso Shelby County contra Holder que evisceró la Ley de Derecho al Voto; el caso Citizens United que anuló límites para contribuciones electorales por parte de empresas; y los casos Epic Systems y Walmart contra Dukes que les prohibieron a los consumidores y trabajadores presentar demandas colectivas si se lesionan o son estafados por las empresas, obligándolos a llevar a cabo arbitraciones amañadas.

Otras sentencias aprobadas 5 contra 4 protegieron a las empresas de demandas de trabajadores por discriminación salarial, discriminación por motivos de edad, abuso sexual o represalias por presentar cargos por discriminación y también protegieron a firmas estadounidenses de responsabilidad por violaciones internacionales de derechos humanos.

Las decisiones de 5 contra 4 constan de una amplia gama de protecciones a contaminadores corporativos al igual que a favor de oponentes ultraderechistas al aborto, los derechos de los gays e incluso las medidas anticonceptivas. Otro de estos fallos confirmó el veto de Trump a viajantes musulmanes que buscan entrar en EUA y otro más inmunizó a los banqueros de inversión de cualquier reclamo por fraude.

Whitehouse luego describió el proceso que acaece para llegar a nominaciones como la Kavanaugh. Los donantes corporativos financian a la Federalist Society, la cual promueve y elige a los juristas ultraderechistas. Le entregó a Trump cuando era candidato una lista que prometió que utilizaría para nominar a jueces a la Corte Suprema.

“Luego, las grandes empresas y los grupos partidistas financian a la Judicial Crisis Network [Red para crisis judiciales], la cual lleva a cabo campañas políticas con dinero negro para influenciar a senadores en los votos de confirmación, como lo hicieron con Gorsuch y ahora con Kavanaugh. Quiénes pagan millones de dólares para eso y cuáles son sus expectativas es un profundo y oscuro secreto”, explicó Whitehouse.

Añadió que la Cámara de Comercio de EUA ganó nueve de diez casos ante la Corte Suprema este año, desde que Gorsuch se integró al tribunal, y pudo contar con los votos del “Roberts Five” en tres cuartas partes de los casos en los que ha estado involucrada desde 2006. “El público estadounidense piensa que la Corte Suprema favorece a las empresas en vez de a los individuos por un margen de 7 a 1”, dijo.

Esta advertencia de que la corte está desacreditada en los ojos del público claramente puso un dedo en la llaga. El presidente de la comisión de asuntos judiciales, Charles Grassley, le alegó enojado que había “pasado los últimos 18 minutos atacando la integridad personal de los jueces de la Corte Suprema. Dijo que cinco de estos jueces han sido comprados y vendidos por intereses privados. Los acuso de decidir casos para beneficiar a partes favorecidas”.

Whitehouse no es ningún radical político, sino un descendiente de la aristocracia de Nueva Inglaterra, con un pedigrí familiar que se puede seguir hasta Plymouth Rock [donde desembarcaron los primeros peregrinos ingleses en el continente]. Es el nieto de un diplomático estadounidense y bisnieto de un magnate de ferrocarriles y está relacionado por sangre o matrimonio a lo más distinguidos miembros de la élite gobernante estadounidense. Lo que buscaba era advertirles a sus colegas republicanos en la burguesía que están arriesgando propasarse y provocar una respuesta desde abajo.

Su crítica es por supuesto unilateral, solo subrayando las sentencias de 5 a 4 en las que influyó el partidismo, no los fallos de 9 a 0 o casi unánimes, los cuales son mucho más frecuentes, que favorecieron a las empresas y los ricos.

Sin embargo, su intervención sí arrojó luz sobre la realidad del control corrupto y antidemocrático de la oligarquía corporativa-financiera sobre las instituciones del Gobierno y sus partidos políticos. Esta diminuta oligarquía ha decidido empujar a la Corte Suprema hacia la extrema derecha para facilitar la represión masiva contra la creciente oposición de la clase trabajadora. Los demócratas, no menos que los republicanos, están involucrados en una farsa previamente elaborada en el Congreso para implementar su decisión.

No solo sale a la luz el carácter de la Corte Suprema, sino de todo el Estado capitalista, incluyendo el Congreso —donde ahora el miembro promedio es millonario— y la rama del Ejecutivo, en la que un presidente milmillonario ha instalado un gabinete de milmillonarios, exgenerales militares, ideólogos derechistas y especuladores corporativos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de setiembre de 2018)

Patrick Martin