Cientos de niños siguen separados de sus padres tras fecha límite de orden judicial

por Patrick Martin
28 julio 2018

En una de las violaciones más crueles e indignantes de los derechos humanos en la historia estadounidense, la Administración de Trump se ha negado a reunir a casi mil niños inmigrantes separados por la fuerza de sus padres bajo la política de "tolerancia cero” implementada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, todas las siglas en inglés) y el Servició de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a principios de mayo.

El Gobierno de Trump incumplió la fecha límite del jueves, 26 de julio, para la reunificación ordenada por una corte de los más de 3.000 niños separados de sus padres, declarando que al menos 711 familias son "inelegibles" para su reunificación, afectando a casi mil niños. La Administración ahora afirma que ha cumplido con la carga de la orden judicial, emitida por la jueza de distrito Dana Sabraw del distrito Sur de California, pero solo por clasificar como "inelegible" a todas las familias que no se reunificaron.

En la terminología orwelliana de los portavoces de la Gestapo migratoria de Trump, las familias se vuelven "inelegibles" cuando el Gobierno estadounidense las deporta a otro país, las pierde en su vasto sistema de prisiones y campos de detención, o libera a los padres mientras mantiene a los niños en detención. Los padres son "inelegibles" porque el Gobierno de los Estados Unidos les ha impedido encontrar a sus hijos. Muchos de estos padres nunca volverán a ver a sus hijos.

En cuanto a los niños y padres que han sido reunidos, la mayoría de estas reuniones se han llevado a cabo desde la prisión. De acuerdo con la presentación oficial ante la corte de San Diego, de los 2.551 niños de cinco años o más que les quitaron a sus padres desde principios de mayo, 1.442 han sido reunidos dentro del sistema de detención. En otras palabras, los padres y los niños ahora están detenidos en la misma prisión, en vez de estar en prisiones separadas.

Solo 378 de los niños de esas edades han sido liberados por completo, ya sea reunidos con otro miembro de la familia o un amigo que vive en los Estados Unidos o devueltos a padres que han sido liberados. Esto representa solo el 15 por ciento del total.

Los abogados de los padres y niños han dado numerosas descripciones de las terribles condiciones que enfrentan tanto los que continúan separados como los que han sido reunidos detrás de las paredes de la prisión. Leah Chavla relató el impacto de la reunificación para un niño de 11 años en una entrevista con CNN: "El niño apenas habló durante toda la entrevista, solo a veces asintiendo ligeramente o sacudiendo la cabeza para responder preguntas simples, sí o no. Solo miraba hacia adelante con una expresión que parecía que se estaba concentrando para no llorar. Su madre repetidamente le dijo que nos hablara, pero no podía hablar".

En una conferencia telefónica con reporteros, funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el cual tiene la custodia de los niños, e ICE, el cual tiene a los padres, defendieron arrogantemente la conducta de la Administración e incluso se quejaron de que el Gobierno estaba gastando demasiado tiempo y dinero en la difícil situación de estas familias.

Matthew Albence, jefe de la división de Operaciones de Detención y Deportación de ICE, dijo que su unidad había estado trabajando "24/7" para reunificar a las familias. "ICE y especialmente ERO han hecho un esfuerzo concertado y han dedicado una desmesurada cantidad de recursos para garantizar que estas reunificaciones ocurrieran", dijo.

Afirmó que los padres que fueron deportados sin sus hijos "lo hicieron después de que se les ofreciera la oportunidad de acompañarlos en camino a casa," la cual "rechazaron." Albence agregó cínicamente, "No podemos obligar a un padre a llevarse a su hijo con ellos".

De acuerdo con la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), muchos de los padres deportados firmaron aceptando ser deportados sin sus hijos, sin entender los documentos que no podían leer. En muchos casos, estos inmigrantes, principalmente refugiados de América Central, son analfabetos o hablan idiomas indígenas como el maya, en lugar del español.

En algunos casos, los agentes de ICE les han dicho a los padres que firmar el formulario es la única manera de garantizar que sus hijos permanezcan en los Estados Unidos, donde estarán a salvo de la violencia de bandas de narcotraficantes y escuadrones de la muerte militares en sus países de origen de los cuales huyeron.

En respuesta a la pregunta de cómo es que ICE localizaría a estos padres para regresarles a sus hijos, Albence dijo insensiblemente, "Han sido deportados. No damos seguimiento a las personas una vez que han sido deportados a países extranjeros".

Tales declaraciones solo confirman la conclusión extraída de toda la experiencia de los últimos tres meses. Las separaciones familiares que siguieron al anuncio de la política de "tolerancia cero" no fueron una consecuencia inadvertida. Todo lo contrario: se declaró la "tolerancia cero" para iniciar separaciones familiares a gran escala con el fin de aterrorizar a los inmigrantes y solicitantes de asilo y proporcionar un "desincentivo" para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.

De forma aún más cruel, está claro que la falta de recopilación de la información necesaria para garantizar la reunificación familiar no fue una pregunta de desorganización o incompetencia, sino un esfuerzo deliberado para garantizar que la política de "tolerancia cero" se implementara con el máximo trauma para ambos, los niños y los padres. Fue un salvajismo políticamente motivado, un acto de secuestro masivo que constituye un crimen de lesa humanidad y cumple con la definición legal de "genocidio".

Funcionarios federales y abogados de la ACLU se reunirán en el tribunal de la Jueza Sabraw esta tarde para analizar las diversas categorías de padres e hijos reunificados y separados. La ACLU está buscando una nueva orden judicial para detener la deportación de padres e hijos reunidos durante siete días, en un intento de prevenir el plan de la Administración Trump de deportar a casi todas las familias reunidas tan pronto como sea físicamente posible.

Las deportaciones se han suspendido temporalmente desde el 16 de julio a la espera de una decisión de la jueza sobre la moción de la ACLU. Un total de 223 familias reunidas están esperando la deportación en un centro de ICE en el sur de Texas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 abril de 2018)