Al menos ocho muertos por ataque a tiros contra marcha del Día de la Madre en Nicaragua

por Andrea Lobo
4 junio 2018

El miércoles, una marcha del Día de la Madre en Managua, en la que las madres de manifestantes asesinados y estudiantes encabezaron una franja de 5 kilómetros de largo con cientos de miles de personas, concluyó cuando tiradores abrieron fuego contra la multitud. Imágenes impactantes muestran a cientos al descubierto agachándose desesperadamente ante ráfagas de armas semiautomáticas o automáticas.

Los ejecutores aún permanecen desconocidos; sin embargo, varios videos muestran a grupos de policías y hombres enmascarados cargando rifles en las áreas aledañas. Ante el ataque, los manifestantes corrieron a resguardarse a los campus universitarios cercanos, la Catedral de Managua, el mall Metrocentro y las casas en las inmediaciones. Durante el resto de la tarde, al estallar la ira y cuando seguían circulando reportes de tiroteos, fueron colocadas nuevas barricadas, mientras que un banco para cooperativas, una estación de radio progubernamental y varios carros fueron incendiados.

La masacre de participantes de posiblemente la manifestación más grande desde 1979 es una señal de que los 45 días de manifestaciones, las cuales iniciaron el 18 de abril con protestas de estudiantes y jubilados en oposición a recortes a las pensiones dictados por el Fondo Monetario Internacional, se dirigen a explosiones sociales aún más violentas y grandes.

Varios reportes dispersos de los hospitales indican que al menos 8 manifestantes murieron y 50 más quedaron heridos el miércoles en Managua, con los protestantes culpando a la Policía Nacional y a grupos armados progubernamentales por el tiroteo. Algunos líderes de la oposición reportan al menos 15 muertos.

El miércoles por la mañana, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) celebró un mitin con miles de simpatizantes en Managua, donde el presidente Daniel Ortega declaró que tiene la intención de quedarse en el poder. El mismo día, el Gobierno reportó que dos simpatizantes de Ortega fueron asesinados a tiros y 20 fueron heridos en el departamento de Estelí cuando los atacó un grupo de manifestantes en un corte de ruta (tranque). Organizaciones locales también reportaron que tres personas que protestaban murieron en Estelí, tres más en Chinandega y otro en Masaya.

Estos incidentes fueron precedidos por la publicación el martes de un reporte de Amnistía Internacional, intitulado “Disparar a matar: Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua”. Con base en docenas de reportes de testigos, análisis de expertos de municiones, grabaciones de cámaras de vigilancia y otras imágenes, el reporte confirma que la policía y grupos armados progubernamentales atacaron a los manifestantes con armas de fuego. Además, los oficiales tomaron pasos para bloquear los servicios de salud, las autopsias e investigaciones, buscaron intimidar y sobornar a los familiares de las víctimas y buscaron criminalizar a los manifestantes, mayoritariamente estudiantes.

El informe de Amnistía Internacional concluye: “Las autoridades nicaragüenses han adoptado una estrategia de represión caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, el control de los medios de comunicación y el uso de grupos parapoliciales para sofocar las protestas en las que han muerto por lo menos 81 personas… 868 heridas y 438 detenidas”.

Después de que un reporte preliminar con hallazgos similares fue presentado la semana pasada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la “Comisión de la Verdad” del Gobierno reconoció 85 muertes, incluyendo a tres policías.

Una nueva encuesta de CID Gallup publicada el martes muestra que siete de cada diez nicaragüenses entrevistados apoyan las protestas, con la mayoría reportando que no se identifica con ningún partido. El 31 por ciento todavía respalda al FSLN, comparado con 52 por ciento en setiembre del año pasado. Sin embargo, una cifra importante de simpatizantes del FSLN se opone a la camarilla orteguista.

Los organizadores de la marcha del Día de las Madres, la “Alianza Civil por la Justicia y la Democracia”, han estado luchando por contener y encauzar el enojo social detrás de un “diálogo nacional” tras bastidores con el Gobierno de Daniel Ortega, utilizando a la Iglesia Católica como mediadora. Después de los incidentes del miércoles, los obispos suspendieron las negociaciones.

Compuesta por la Cámara de Comercio Estadounidense local, la organización patronal COSEP, los dirigentes estudiantiles universitarios, el Movimiento Campesino Anticanal, entre otras organizaciones respaldadas por los partidos derechistas de la oposición, la “Alianza Cívica” ha explotado las protestas para obligar al Gobierno a reanudar negociaciones dirigidas a despojar al FSLN de su control sobre el aparato de seguridad y justicia por medio del nombramiento de nuevos magistrados y cúpulas, eventualmente reducir el tamaño de la Asamblea Legislativa controlada por el FSLN y adelantar las elecciones generales.

La semana pasada, el Departamento de Estado de EUA llamó a apoyar el “diálogo nacional”. Su brazo diplomático para América Latina, la Organización de los Estados Americanos, ha insistido en una “solución electoral”, con su secretario general, Luis Almagro, insistiendo el martes que Nicaragua sigue siendo una democracia.

El jueves pasado, McClatchy DC conversó con varios altos oficiales de la Administración de Trump sobre la crisis nicaragüense. Comentaron que están reuniéndose frecuentemente al respecto ya que es “un tema importante para nosotros”. Uno de los oficiales dijo que el Gobierno de Trump estaba listo para “actuar” si Ortega “no logra detener la violencia y utiliza el diálogo como una táctica dilatoria”. Sin embargo, añadió, “Tenemos que dejar que parte del proceso transcurra porque nosotros pedimos este proceso”.

En otras palabras, mientras que todavía esperan que Ortega pueda reprimir y someter las protestas para continuar imponiendo las demandas de austeridad estadounidenses, Washington está listo para apoyar un cambio de Gobierno por medio de la agenda del “diálogo nacional” a fin de detener la revuelta social, en medio de un resurgimiento cada vez más amplio de la lucha de clases en la región y el mundo.

Hasta ahora, EUA ha evitado imponer sanciones financieras como las que ha empleado contra oficiales venezolanos, buscando no alimentar la demagogia “antiestadounidense” de Ortega. En parte, el abordaje de Washington se explica por las declaraciones recientes del Pentágono urgiendo a Nicaragua a romper sus lazos con Rusia y China, los cuales se han estrechado durante el Gobierno de Ortega.

Dentro de la burguesía nicaragüense, hay conflictos tácticos sobre cómo proceder. En la extrema derecha, el profundamente impopular Frente Amplio para la Democracia (FAD) y otros partidos de oposición esperan beneficiarse de la represión y, por ende, han hecho llamados provocativos para que las protestas sean “más audaces” y que haya un cambio inmediato de poder. Por el otro lado, las organizaciones patronales han continuado apelando a Ortega para que encuentra una forma de detener las protestas, optando por “reformas democráticas” más graduales. El COSEP se ha opuesto por ahora a llamar a un “paro nacional” por temor a un cierre patronal masivo provoque una participación activa más amplia de la clase obrera en la crisis que pueda escaparse del control de la “Alianza Cívica”.

Ninguna facción del “diálogo nacional”, la burguesía nicaragüense, las fuerzas armadas, los apéndices del Estado como los sindicatos —todos los sectores guiados por la imperativa capitalista de atraer inversiones extranjeras— representa oposición alguna al dominio imperialista, a las medidas de austeridad, ni a la desigualdad social. La élite gobernante está lidiando con cuál es la manera más efectiva para subordinar la creciente oposición social a la política burguesa y reanudar sus ataques contra los derechos democráticos y sociales de la clase obrera.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de junio de 2018)