El destape de sobornos relacionadas con Odebrecht amenazan acabar con el establishment político peruano

por Armando Cruz y Cesar Uco
15 marzo 2018

Un terremoto político a principios de este mes en Perú estremeció al establishment cuando el principal representante comercial del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, Jorge Barata, testificó ante los fiscales brasileños y peruanos que la multinacional había pagado sobornos en forma de contribuciones de campaña electoral, que ascienden a varios millones dólares, involucrando a las principales figuras políticas que han gobernado el país desde el comienzo de la última década hasta el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

El testimonio de Barata, parte de una declaración de culpabilidad en la investigación brasileña Lava Jato sobre corrupción, no solo implica a todos los presidentes que gobernaron Perú desde el colapso del gobierno corrupto y autocrático de Alberto Fujimori (1990-2000), sino también a la ex "izquierdista" limeña" la alcaldesa, Susana Villarán (2011-2014), y miembros de la principal federación de empresarios CONFIEP. La corrupción también involucro a los principales empleados de estas figuras en el aparato estatal, así como a sus respectivos partidos políticos.

Estas revelaciones han llevado a muchos a cuestionar el futuro político de todas las figuras involucradas, las caras más visibles de la clase política peruana por más de una generación. Muchos comentaristas argumentan que todos deberían retirarse de la vida política (si logran evitar la cárcel) y que una nueva clase política sea formada para llenar el vacío.

Esto sigue al testimonio anterior de que el ex presidente ejecutivo de la multinacional brasileña que lleva su nombre, Marcelo Odebrecht, presentó otra declaración de culpabilidad el año pasado, detallando los sobornos pagados a funcionarios de diferentes gobiernos peruanos para asegurar gigantescos contratos de construcción e infraestructura.

Los detalles de Odebrecht sobre la máquina de soborno de la multinacional en Perú ya habían sacudido el establishment: el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) huyó a Estados Unidos en noviembre pasado luego de que se emitiera una orden de arresto y actualmente reside en San Francisco, bajo la aparente protección de las autoridades estadounidenses; mientras que el ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) ha estado detenido desde julio, junto con su esposa, Nadine Heredia, en una "prisión preventiva", esperando su día en el tribunal.

El propio PPK estuvo implicado en las revelaciones, ya que había sido primer ministro y ministro de Economía bajo la administración de Toledo y tuvo un papel protagónico en la adjudicación a Odebrecht del contrato para la construcción de la "Carretera Interoceánica" en 2005. PPK inicialmente negó haber recibido sobornos de la compañía brasileña, pero finalmente el propio Odebrecht detalló que hicieron contribuciones en efectivo a dos compañías establecidas por PPK. El presidente se vio obligado a admitir que, de hecho, recibió "algo de dinero" de Odebrecht por trabajar como "asesor" de la empresa después de abandonar la administración de Toledo.

Esto puso en marcha un proceso de acusación por el Congreso. El fujimorista Fuerza Popular (FP) –que en esos momentos contaba con la mayoría absoluta en el Congreso– fue el principal promotor de la acusación luego de que la investigación de corrupción amenazó con extenderse a la lideresa del partido, Keiko Fujimori, hija del ex presidente encarcelado. Pero la moción fue apoyada por todos los otros partidos en el Congreso, que aparentemente concluyeron que el PPK, ya inmensamente impopular, se había convertido en un problema para la estabilidad del país.

La acusación falló inesperadamente, después de que Kenji Fujimori –hermano de Keiko– lideró un grupo de congresistas disidentes de la FP para votar no y la pseudo-izquierda Nuevo Perú (NP) de la ex candidata presidencial de "izquierda" Veronika Mendoza se abstuvo después de afirmar que la acusación fue una trama fujimorista para socavar el gobierno y tomar el poder.

Luego se reveló que el propio presidente había estado negociando con Kenji para indultar a su padre a cambio de los votos para derrotar la acusación. Alberto Fujimori fue liberado a fines del año pasado después de cumplir 8 años de una condena de 25 años de prisión impuesta en 2009 después de su condena por cargos de corrupción y derechos humanos.

El indulto resultó ser políticamente contraproducente para el gobierno, provocando docenas de protestas –principalmente por parte de jóvenes activistas– y la pérdida del apoyo de la "izquierda". Mientras que NP y el Frente Amplio (la coalición pseudo-izquierdista de la que NP alguna vez fue parte) había pedido públicamente una votación para PPK para derrotar a Keiko Fujimori durante las últimas elecciones, el perdón ya no les permitía seguir promocionándolo como el "mal menor".

Desde el indulto, el gobierno de PPK se ha hundido aún más, alcanzando un mínimo de popularidad del 17 por ciento.

En su testimonio, Barata detalló cuánto se pagó a cada candidato, y quién fue el receptor en cada caso, lo que provocó que prácticamente todos los involucrados negaran su culpa.

El receptor y recaudador de fondos de PPK para Odebrecht por su fallida campaña de 2011 fue Susana de la Puente (a quien se le entregó US $ 300.000). Al igual que el propio presidente, pasó la mayor parte de su vida profesional como una banquera depredadora de Wall Street que se especializa en explotar a las personas de América Latina.

Durante la década del gobierno de Fujimori, de la Puente, una figura de la aristocracia peruana, se llevó muy bien con el gobierno autocrático, que la ayudó a expandir la influencia de J.P. Morgan en Perú y el resto de América Latina. PPK recientemente se pronunció en su defensa, desestimando las solicitudes para su deportación como embajadora en Gran Bretaña.

En los últimos días, ha comenzado una nueva campaña para garantizar la vacancia de PKK. Esta vez, sin embargo, como resultado del escándalo de Odebrecht que también afectó a Keiko Fujimori, de tal manera que de los 30 legisladores que respaldan la nueva moción para iniciar el proceso de vacancia, solo cinco provienen de FP. El papel principal ha sido asumido por los partidos "izquierdistas" burgueses, con 10 congresistas de Nuevo Perú y 10 del Frente Amplio que respaldan la medida.

Estos partidos, cuya función principal es desviar las luchas de la clase trabajadora peruana y mantenerla bajo el dominio de la política burguesa y el estado capitalista, son conscientes del potencial creciente enojo popular provocado por la combinación de corrupción desenfrenada en la cima y el declive de los estándares de vida y derechos básicos para las masas de trabajadores. Su percepción es que PPK debe ser eliminado para evitar la erupción de las convulsiones sociales.

Hay crecientes pedidos para que el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, asuma la presidencia. Pero, para la clase trabajadora, Vizcarra y PPK son de la misma calaña.

Cuando PPK asumió el cargo en julio de 2016, Martín Vizcarra asumió el cargo de ministro de transporte y comunicación. En mayo de 2017, renunció a su puesto después de anunciar la cancelación de un contrato público-privado para construir un nuevo aeropuerto internacional ampliamente promocionado en Chinchero, en la región de Cusco. La cancelación se debió a las similitudes entre el contrato de Chinchero y los acuerdos corruptos firmados con Odebrecht.

Mientras tanto, el callejón sin salida entre las ramas ejecutiva y legislativa continúa afectando el futuro económico del país. Según Claudia Cooper, ministra de economía y finanzas, hay 252 proyectos, inversiones por valor de US $ 9.230 millones y 53.000 empleos en peligro, si el Congreso no aprueba las leyes necesarias que reemplazan el Decreto de Emergencia 003, que se impuso en respuesta a los escándalos de corrupción y acaba de expirar.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de marzo de 2018)