El primer ministro rumano renuncia en medio de tensiones sociales crecientes

por Andrei Tudora y Tina Zamfir
19 enero 2018

El primer ministro rumano, Mihai Tudose, y su adjunto, Marcel Ciolacu, anunciaron su dimisión el lunes en medio de luchas faccionales internas dentro del gobernante Partido Social Demócrata (PSD) y de tensiones sociales crecientes.

Este es el segundo cambio de jefe de gobierno en siete meses, después de que el PSD destituyera a su propio gobierno en una moción de censura en junio de 2017. Los dirigentes del PSD están acusando a sectores del “Estado profundo” de trabajar para socavar al gobierno.

Esto viene en el contexto de informes que aparecieron el año pasado según los cuales el Servicio Rumano de Inteligencia (SRI), el Directorio Nacional Anticorrupción (DNA) y la estación de la CIA en Bucarest complotaron para influir en las decisiones políticas en el país.

El consejo nacional del PSD adoptó una resolución contra el “Estado paralelo e ilegítimo”, acusando al DNA y sectores de los servicios secretos de intentar “apoderarse del Estado”.

Que el PSD se presente como opositor de los servicios de seguridad y un defensor de la democracia es una mentira despreciable. El PSD es el partido que construyó el edificio de un Estado policial para escudarse de la resistencia de los trabajadores a la restauración capitalista.

Los socialdemócratas, que surgieron de un sector del anterior partido estalinista gobernante, han presidido una catástrofe social en Rumanía como el principal partido de la restauración capitalista, dirigiendo gobiernos en momentos clave cuando el orden burgués se vio amenazado. Habiendo formado el primer gobierno después de 1989 que dirigió el proceso de privatizaciones y de saqueo de la propiedad estatal, estabilizó el capitalismo después de las marchas mineras de 1999 y de nuevo después de que el gobierno conservador de Emil Boc fuera derrocado por protestas masivas contra la austeridad en 2012.

Actualmente se reconoce de manera abierta que funcionarios del ejército y de los servicios secretos, promovidos a altos cargos políticos y a los que se les dio virtual inmunidad respecto a su supervisión durante las legislaturas del PSD en el gobierno, jugaron el papel crucial en la entrada del país a la OTAN y colaboración en el programa criminal de los centros clandestinos de detención de la CIA.

El avance bélico de la OTAN para rodear a Rusia y la militarización creciente del país han acentuado estas tendencias en los últimos años. Un presupuesto militar inflado, compras de armas y ejercicios militares constantes han sido acompañados por un papel creciente de los servicios secretos en combatir la “influencia rusa” en la región. El embajador de Rumanía en los EUA y ex jefe del SRI, George Maior, recientemente se jactó en una entrevista para The Cipher Brief que Rumanía se había convertido en el segundo mayor suministrador de información secreta en la OTAN.

Estos desarrollos deberían ser una dura advertencia a la clase trabajadora, de que los preparativos de guerra y el rumbo hacia una dictadura de Estado policial están muy avanzados, y están apoyados por todo el establishment político burgués.

Al mismo tiempo, sin embargo, hay una militancia creciente entre los trabajadores rumanos.

Los trabajadores de la industria automotriz de la Ford están trabados en una lucha contra la patronal, el sindicato y el gobierno del PSD. La compañía basada en los EUA está intentando imponer un desastroso contrato de dos años a los trabajadores, asistido por el ajuste fiscal del gobierno. La nueva ley, que entró en vigor el primero de enero, desplaza la carga fiscal completamente a las espaldas de los trabajadores al obligarlos a soportar el coste total de la asistencia sanitaria y la seguridad social. La nueva ley impositiva representa un ataque sin precedentes a las conquistas históricas de la clase trabajadora, obtenidas con la lucha.

De manera absurda, el gobierno dijo que los empleadores subirán los sueldos para compensar la pérdida de ingreso de los trabajadores. Está claro sin embargo que las compañías verán esto como lo que es: una señal del gobierno para aumentar la explotación de los trabajadores. Las compañías la han utilizado para chantajear a los trabajadores y obligarlos a firmar malos contratos, como en el caso de Ford, recortar enormemente los ingresos de los trabajadores o asignar bonus temporales.

Trabajadores de la sanidad y del sector público también están protestando contra las nuevas leyes impositivas, aunque los sindicatos vinculados al PSD realizaron manifestaciones simbólicas en noviembre. Los médicos de familia están luchando contra el gobierno por la mala gestión y la falta de financiación, y Sandra Alexiu, la vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Médicos de Familia acusó al gobierno de intentar entregar la medicina primaria a las clínicas privadas. Esto es parte del plan multipartidista de privatizar la sanidad.

Los trabajadores de la Planta Dacia Renault de Mioveni, que están bajo la amenaza constante de que la producción se mude completamente a la planta de la compañía en Marruecos, organizó una manifestación masiva contra los planes impositivos del PSD en noviembre.

La explotación despiadada de la clase trabajadora ha sido una constante en Rumanía y en toda Europa del Este desde que la región fuera transformada en una plataforma de trabajo barato tras la restauración del capitalismo en los '90. Las corporaciones ven la explotación de la clase trabajadora de la región como crítica en sus esfuerzos por extraer súper ganancias y reducir los costes del trabajo en Occidente.

La creación de una oligarquía corrupta local estuvo estrechamente ligada a la expansión de la UE hacia el este: privatizaciones a precios irrisorios y la destrucción del Estado del bienestar fueron las únicas reformas prescritas por la UE y el FMI.

Después del crack financiero de 2008, Rumanía pasó a ser de nuevo un escenario para ensayar los ataques de la UE a los trabajadores de todo el continente. El país vio la imposición de las medidas de austeridad más duras de la UE, incluyendo experimentos sociales brutales, tales como el cierre de la mitad de los hospitales del país de la noche a la mañana. Desde entonces, los ingresos han permanecido esencialmente congelados, a pesar de la supuesta recuperación económica y la tasa más alta de crecimiento económico de la UE, según se informa.

El impacto social de la restauración del capitalismo y de la expansión de la UE en Europa del Este es imposible de cuantificar completamente. Las estadísticas del gobierno mienten rutinariamente sobre una crisis social cuyo alcance se erige en una incriminación de las panaceas del capitalismo y de los defensores de la UE de un bloque progresista y social.

Las cifras más recientes de Eurostat muestran que Rumanía es el país más pobre de la UE, mientras que el Instituto de Estadística Nacional revela que es el más desigual. Esto es un pálido reflejo de una situación en la que un puñado de plutócratas gobiernan en un páramo social.

El informe de Eurostat muestra que la mitad de la población no tiene acceso adecuado a las necesidades humanas básicas. Otro informe elocuente hecho por la ONG Centro para el Estudio de la Democracia muestra que más del 20 por ciento de los hogares rumanos viven en la pobreza energética, incapaces de permitirse pagarla o no tienen acceso adecuado a la energía eléctrica.

Las estadísticas del desempleo son coherentemente falsas, sesgadas no solo por el gran número de aquellos que han dejado de buscar trabajo o están trabajando como jornaleros, sino también por los 4 millones estimados de trabajadores que han sido obligados a buscar trabajo fuera del país.

La Autoridad Nacional del Gobierno para la Protección de los Derechos de los Niños informó en 2017 de casi 100.000 niños que se han quedado en el país cuyos padres se fueron a trabajar al extranjero, y la ONG Save the Children dice que la cifra está probablemente más cerca del cuarto de millón. Esos niños, completamente ignorados por el Estado, sufren de privaciones económicas y los problemas emocionales y psicológicos aparejados.

Finalmente, los trabajadores están empleados en condiciones precarias, sin regulaciones de seguridad o protección ante el abuso. Tres accidentes en apenas unos pocos meses han arrojado luz sobre la situación dramática a la que se enfrentan los mineros rumanos del carbón. Cuatro trabajadores murieron en octubre de 2017 en accidentes en las minas de Lupeni y Uricani, ambas en vías de ser cerradas, y otro minero perdió la vida después de un accidente en la mina de Livezeni en diciembre.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de enero de 2018)